La Ley N° 5102/13, de Alianza Público-Privada, es la “mejor alternativa” para el Poder Ejecutivo, frente a otros regímenes de contrataciones que siguen vigentes.
Ante la inquietud de los miembros de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Transporte Aéreo (APTTA) y la Cooperativa de Aviación Civil (Copavic) sobre el tema, el exlegislador nacional manifestó que el Gobierno seguirá contando con los demás sistemas de contratación, como el de las tradicionales licitaciones públicas convocadas por el Estado, y el de las concesiones.
Duarte Manzoni manifestó que “no es obligatorio” el uso de la nueva figura jurídica, cuya ley fue sancionada y promulgada el año pasado, y el reglamento está vigente hace menos de dos meses.
Destacó que es una “alternativa más”, a la cual, sin embargo, el actual Gobierno otorga una importancia relevante, teniendo en cuenta que en 25 años (prácticamente en la etapa democrática) apenas se logró la ejecución del proyecto de concesión de Tape Porã, y la línea de transmisión de 500 kV.
El asesor de la Presidencia acotó que este grave atraso se debe a que, precisamente, nunca funcionaron las modalidades de contratación que todavía siguen vigentes. Dijo que si Paraguay quiere avanzar en la construcción de infraestructuras, con el modelo de las licitaciones no tiene otra alternativa que endeudarse, tomando créditos internacionales, que generalmente han terminado causando mayores perjuicios al país, puesto que las licitaciones nunca han estado exentas de corrupción. “Las malas experiencia guardan relación con rutas que nunca terminan o terminan en muy malas condiciones, y meses después ya necesitan ser reparadas. Esto se debe a que las empresas que ganan las licitaciones cobran (de entrada) el 60% del costo de las obras, realizan un ‘inicio simbólico’ de las mismas y luego se declaran en quiebra”, aseveró.
Aseguró que con las APP no va a ocurrir tales cosas, porque el 90% de la inversión será aportado por el socio privado del Estado, que además correrá con los riesgos de la inversión.
Imposible privatizar. Por otra parte, al refutar la versión de que las APP es privatización, el exlegislador aseguró que eso “es imposible” hacer a través de esta ley, puesto que no permite la transferencia de ningún bien del Estado a manos privadas.
No obstante, aclaró que una actividad (industrial o de servicios) que hoy se encuentra en manos del Estado podría ser explotada temporalmente por el sector privado, pero la propiedad de la cosa la sigue detentando el Estado.
Inconstitucional. Por su parte, la exviceministra de Minas y Energía (durante el gobierno de Fernando Lugo), Mercedes Canese, fue la única que criticó la vigencia de la Ley 5102/13. Aseguró que la ley atenta contra el orden constitucional, ya que concede “poderes extraordinarios” al presidente Horacio Cartes.
Mencionó que los artículos 112, del dominio del estado y 202, de los deberes y de las atribuciones del congreso, de la Constitución Nacional del Paraguay establecen claramente que las concesiones de bienes del Estado estarán a cargo del Poder Legislativo (caso por caso y no en forma genérica como la ley de acuerdo público-privado). Dijo que los legisladores y el Ejecutivo solo cambiaron de nombre a esta atribución del Congreso. Canese quien también desnudó otras graves falencias de la norma. Una de ella es la renuncia a la soberanía del Poder Judicial, en forma inconstitucional. La ley faculta al Poder Ejecutivo a dirigir conflictos en el extranjero.
Sobre los riesgos. De acuerdo a los especialistas del Gobierno, el Estado no asumirá “todos los riesgos” en los contratos de asociación público-privados. El Art. 4 de la ley reza que los contratos de participación público-privada deberán contemplar en forma expresa, para situaciones específicas y acordadas, los riesgos, compromisos y beneficios que asumen ambas partes.
