Se debe proceder con cautela en la siguiente reforma tributaria estructural, porque en los cambios fiscales de 2012 se perdieron $24 billones de recaudo. ¿Se debe eliminar el CREE y aumentar el IVA?

La tan anhelada reforma tributaria estructural, que se viene discutiendo incluso antes de que la de finales de 2014 fuera aprobada, ya comienza a tomar forma. Durante las fiestas de Pascua la comisión de expertos por fin presentó su informe final de recomendaciones fiscales, que es el insumo que faltaba para que el Gobierno comenzara a redactar el proyecto de ley que comenzará a debatirse en marzo de 2016. Sin embargo, la iniciativa que propone un cambio de fondo en el esquema de impuestos de la Nación no es nueva, más bien tiene una larga historia dentro de las finanzas públicas.

Desde hace más de una década se viene planteando por los analistas, los contribuyentes y la propia Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) la necesidad de una reforma tributaria estructural que redefina el sistema tributario bajo los criterios de suficiencia, progresividad, equidad y simplicidad.

En el año 2015 se hizo evidente esta situación al conjugarse varios elementos. Primero, los efectos de la caída de la carga tributaria, con origen en las medidas tomadas en la reforma tributaria de 2012. Después se vio la reducción de ingresos por rentas petroleras. Además durante este año se observó la creciente demanda de recursos para salud, pensiones, infraestructura y posconflicto, haciendo aún más crítico el análisis.

De los anteriores elementos, aunque se viene diciendo en voz baja, hay que destacar el impacto generado por la reforma tributaria de hace tres años, la ley 1607 de 2012, que pese a haber sido presentada con un efecto neutro frente a los ingresos terminó arrojando una reducción en el recaudo.

En cifras gruesas la reducción de la tarifa de las sociedades del 33% al 25% representó en 2015 alrededor de $12 billones de menos recaudo. Además se perdieron otros $12 billones por la eliminación de los aportes patronales del SENA, ICBF y salud de los trabajadores de menos de 10 salarios mínimos, los cuales se suponía que se iban a compensar con el impuesto CREE. Ambos factores crearon un decrecimiento en la recaudación de $24 billones.

Para solucionar este error el Gobierno presentó la reforma tributaria de 2014, sobre la cual se dijo que tenía una carga temporal a las sociedades. Pero con el cambio de la sobretasa del CREE la tarifa nominal de impuestos agregada alcanzó su punto más alto de 43%. También se buscó mantener vigentes los impuestos que se iban a eliminar, como el del Patrimonio, para obtener el recaudo de los $12 billones que faltaban. Sin embargo, fueron modificaciones que se hicieron sin que se hiciera conciencia de que ello se debió a la reforma del 2012.

La reforma estructural es una necesidad que se debe reclamar internamente, con la misma vehemencia que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exige para ser considerados dignos de entrar al club.

Entre los elementos que apuntan a una estructuralidad fiscal están: mantener el impuesto de renta con la tarifa del 25% a las sociedades y eliminar el CREE y la sobretasa, remplazándolos por el gravamen de renta sobre los dividendos; establecer un impuesto a la riqueza como una medida para reducir los índices de desigualdad, y que sea temporal de verdad. Además es necesario que paguen sólo las personas naturales incluyendo sus inversiones societarias; se evidencia la necesidad de un ajuste de 3 a 5 puntos del IVA, que se destinarían al posconflicto; crear una contribución parafiscal de salud y pensiones que cubra a todas las personas naturales y no sólo a los trabajadores, con un sistema de retención eficiente, así como el aporte patronal bajo autorretención de la contribución.

La tan pedida reforma estructural puede quedar aplazada en cuanto el Gobierno y el Congreso opten en el corto plazo por solucionar los evidentes y urgentes faltantes fiscales con endeudamiento, con un incremento del IVA y con el gravamen a las entidades sin ánimo de lucro, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías, manteniendo las distorsiones del sistema tributario.

El camino hacia una reforma estructural difícilmente será resuelto en una etapa, y entre tanto, ante la necesidad de garantizar los recursos necesarios en la coyuntura actual del país, debe exigirse que las que vengan, si no son estructurales, sean reformas direccionadas, cortas, precisas, y claras, sin pretender modificar de un golpe los más de 800 artículos del Estatuto Tributario.