El envejecimiento de la población amenaza con incrementar el gasto de las pensiones en la región. Al mismo tiempo, el elevado número de trabajadores en el sector informal que no hacen aportes para su pensión complicará la financiación de esos costes.

La baja cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales, como la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión, es el mayor desafío de la política de pensiones al que se enfrentan en la actualidad la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, lo que pone en peligro las pensiones de 80 millones de personas, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe titulado "Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe" se hace cargo de una de las principales alertas que debería estar llenando de ruido los salones de los palacios de gobierno de la región. Se trata de un escollo nada sencillo y que concentrará la preocupación regional en la próxima década.

Al mismo tiempo que es un problema la baja cobertura, se suma que la cobertura activa, es decir, la proporción de trabajadores aportando a sistemas de pensiones obligatorios, es baja en los países de la región. En promedio, sólo 45 de cada 100 trabajadores están contribuyendo o están afiliados a un plan de pensiones, un porcentaje que no ha cambiado mucho en la última década, a pesar de las reformas estructurales de los sistemas de pensiones. Sin embargo, algunos países sí han logrado ampliar la proporción de personas de 65 años o más que reciben una pensión para la vejez, en su mayoría pensiones no contributivas y regímenes especiales de cuentas propias.

El bajo nivel de aportes a los sistemas de pensiones está relacionado con una serie de características socio-económicas, en particular con la educación, el género y el nivel de ingresos. El nivel de educación tiene un impacto significativo puesto que los trabajadores más educados tienen más probabilidades de contribuir a los sistemas de pensiones que los trabajadores con un nivel educativo menor.

La dimensión de género también es importante dado que la tasa media de participación de las mujeres en la fuerza laboral en América Latina y el Caribe es del 56% en comparación con el 83% para los hombres.

La brecha de género varía desde el 20% en Bolivia, Chile, Jamaica y Uruguay hasta el 40% en Guatemala, Honduras y México. Por último, las diferencias de ingresos entre los hogares tienen asimismo un importante impacto. Los trabajadores en el quintil más alto de la distribución de los ingresos tienen porcentajes relativamente altos de contribución, mientras que los trabajadores de bajos ingresos escasamente contribuyen a los sistemas previsionales. Sólo del 20 al 40% de los trabajadores de ingresos medios contribuyen a una pensión, lo cual les hace particularmente vulnerables a los riesgos de pobreza en la vejez.

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Mayor cobertura. Expertos y autoridades políticas se dieron cita este lunes en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para analizar el futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe. Un panel de alto nivel moderado por la periodista de CNN Gabriela Frías exploró diferentes enfoques de política para garantizar una mayor cobertura y sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la región.

El evento marcó el lanzamiento del informe Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe, elaborado por el BID, la Organización para y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. El estudio ofrece indicadores comparativos de los modelos de pensiones de los 26 países de la región.

El envejecimiento de la población amenaza con incrementar el gasto de las pensiones en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, el elevado número de trabajadores en el sector informal que no hacen aportes para su pensión complicará la financiación de esos costes. Para 2050, entre 63 y 83 millones de personas podrían no recibir una pensión adecuada en ausencia de reformas y de esfuerzos por aumentar el empleo en el sector formal, incluyendo el acceso a educación de calidad.

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“Debemos actuar ahora para asegurar el futuro de las pensiones de la región“, señaló el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante la inauguración del evento. “En este momento estamos disfrutando de un bono demográfico que no podemos desaprovechar. Si logramos que más personas contribuyan a los sistemas de pensiones, y si ajustamos los sistemas al aumento de la esperanza de vida, podremos dotar a generaciones futuras de una cobertura adecuada”.

“Los gobiernos necesitan impulsar las oportunidades de empleo en el sector formal, particularmente para las mujeres, a fin de que más personas puedan beneficiarse de una pensión digna”, dijo el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, en la inauguración del evento. “Demasiadas personas en la región aún están excluidas de los sistemas de pensiones. Son necesarias más reformas para incrementar la cobertura de las pensiones a fin de asegurar un ingreso decoroso al llegar al momento del retiro”.

La tendencia más generalizada para solventar la brecha de personas que no cotizan a los sistemas de pensiones es ampliar las llamadas pensiones no contributivas o sociales. Estas ayudas del gobierno ayudan a disminuir la desigualdad y la pobreza, pero supondrán un reto fiscal a medida que la población envejezca y haya más solicitantes. Además ahora hay ocho personas en edad productiva por cada pensionista, pero se espera que, en 2050, la tasa disminuya a 2,5, cercano al promedio de 1,9 de la OCDE.

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Muchos países de la región aún carecen de los sistemas y el marco institucional que permitan una buena gestión de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas. En ese sentido, inversiones en los sistemas y reformas en los marcos institucionales son un buen primer paso hacia lograr sistemas de mayor cobertura y sostenibilidad.

El informe Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe ofrece un análisis detallado de los sistemas de 26 países, atendiendo a su estructura, reglas y parámetros. En ellos contempla las reformas recientes, e incluye indicadores comparables clave sobre demografía, gasto público en pensiones y derechos a pensión.