El ombudsman boliviano, Rolando Villena, presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en este sector de la población en el marco del IV Congreso Nacional del Pueblo Afroboliviano en la ciudad de La Paz.

En Bolivia persisten prácticas racistas y discriminatorias contra las personas de origen africano en sus propias comunidades y zonas urbanas, a pesar de los avances en el marco normativo, señaló el defensor del pueblo Rolando Villena.

El ombudsman boliviano presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en este sector de la población en el marco del IV Congreso Nacional del Pueblo Afroboliviano en la ciudad de La Paz.

"La discriminación, la exclusión, la violencia y la agresión por parte del Estado y la sociedad en su conjunto, es aún más grave en el caso de las mujeres afrobolivianas por su sexo, el color de su piel, educación y pobreza", manifestó.

Dijo que estos resultados "deben servir para que las autoridades adopten medidas como la adecuación de la normativa y de la institucionalidad vigente, y políticas públicas dirigidas a cambiar la cultura racista, discriminadora y de menosprecio".

Villena precisó que las mujeres, niñas, adolescentes y personas con discapacidades son las que sufren los mayores niveles de violencia, marginamiento y maltrato social.

Las mujeres de origen africano padecen una doble discriminación, tanto por su género como por su condición étnica.

La situación se presenta con mayor fuerza al interior de comunidades de la región de los Yungas en el departamento de La Paz (oeste), así como en los departamentos de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

El defensor comentó que el comportamiento está arraigado en la sociedad nacional desde la época de la colonia y perdura en el presente, lo que "impide el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos".

Las prácticas discriminatorias también generan una pérdida de la identidad, ya que en el inconsciente colectivo del pueblo afroboliviano se desarrollan complejos de inferioridad.

El desconocimiento por parte de estas personas de sus derechos, ocasiona que otras se aprovechen y las exploten laboralmente o que algunos padres no permitan que sus hijas asistan a la escuela.

El defensor del pueblo recomendó diseñar e implementar programas educativos para prevenir el racismo, además de sancionar y eliminar toda forma de violencia de género.