"Se trata de reducciones de deudas incobrables que suman 20.000 millones de soles (US$3.174M) y que representan el 20% del stock total de deuda tributaria", señaló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Lima. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó que el paquete de medidas del gobierno, anunciado en la víspera, considera la reducción de deudas tributarias que beneficiará a más de 180.000 contribuyentes.
"Se trata de reducciones de deudas incobrables que suman 20.000 millones de soles (US$3.174M) y que representan el 20% del stock total de deuda tributaria", señaló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Explicó que en el paquete se plantea otorgar un tratamiento distinto a los intereses que se cobraban por estas deudas, teniendo en cuenta que (los intereses y moras) representan el 80% de la obligación por el tiempo que demanda la resolución de los conflictos (política de capitalizar intereses entre 1998 y el 2005).
Castilla destacó que la medida es permanente y no discrimina entre la gran, mediana y pequeña empresa, pues la idea es permitir sincerar los libros y bajar la carga a deudas que eran incobrables.
"Es un respiro importante para los contribuyentes, pues se reduce la carga tributaria", consideró el ministro.
Adicionalmente, adelantó que se está procediendo a iniciar el desmontaje gradual de todo el sistema de percepciones y detracciones del Estado, mecanismo que terceriza las funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a las empresas.
"Hemos empezado ya a racionalizar el mecanismo de percepciones, lo cual fue un pedido de los distintos gremios empresariales, que adelanta la retención del Impuesto General a las Ventas (IGV) en dos puntos", anotó.
Así, no sólo introducimos criterios que tienen que ver con un factor recaudatorio, sino que también se incidirá en los costos de las empresas que son asignadas como agentes perceptores, añadió.
"Esto es parte de una política de reducir gradualmente estos esquemas que resultan onerosos para las empresas", apuntó en declaraciones a RPP.
Además, continuó, se plantea que desaparezcan los intereses de las deudas tributarias de una empresa que ingresa al Poder Judicial, luego de haberse cumplido los plazos legales de apelación en el tribunal fiscal, por ejemplo, para no trasladar las ineficiencias del Estado a los contribuyentes.
"Tenemos que esforzarnos para dirimir las controversias antes que ingresen al Poder Judicial, sin contemplar intereses desmedidos a los contribuyentes", anotó.
Igualmente, sostuvo que con la finalidad de otorgar mayor predictibilidad a las empresas, se precisa la no retroactividad de la norma anti elusiva general, para evitar abusos y arbitrariedades de parte de la Sunat.
"Había mucha inseguridad por la subjetividad de la norma que buscaba evitar prácticas elusivas", precisó.
Castilla, refirió que también se establece moderar las fianzas en las medidas cautelares en el Poder Judicial, que actualmente es de 100% de la deuda tributaria, reduciéndose a 60% y aumentando el umbral de cinco UIT a 15 UIT, buscando darle mayor razonabilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes.
El ministro sostuvo que esto también pasa por una modificación de la ley de tributación municipal, pues existe mucha arbitrariedad en la aplicación de tasas, trámites, derechos, licencias, entre otros.
"Queremos que estas tasas y otros se cobren en función al servicio que se presta y no más allá de esto", enfatizó.
El ministro Castilla comentó que estas iniciativas y este cambio de actitud que se quiere imprimir, buscan dar confianza real en la economía.
"Queremos ponernos, efectivamente, en los zapatos de los contribuyentes, empresarios y ciudadanos, tratando de atender sus necesidades y eso va a hacer la diferencia entre un Gobierno que es efectivo de aquel que muere en el intento", dijo.
Finalmente, precisó que el paquete de medidas tiene cuatro ejes centrales como son los temas tributarios, laborales, ambientales y todo lo que se refiere a facilitar la inversión pública y privada, incluyendo la aprobación de un nuevo proyecto de Ley de Contratación del Estado que agilizará la inversión pública.
