La ampliación de la vigencia de esta ley, que vencía este martes, tiene como objetivo que se preserven los intereses del Estado sobre bienes de empresas involucradas en actos ilícitos, mediante la retención de activos para cumplir las reparaciones respectivas.

Lima. El gobierno de Perú prorrogará el decreto para garantizar el pago de reparaciones civiles de las empresas implicadas en casos de corrupción, anunció este lunes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza.

"(La prórroga) tiene la emergencia que requiere la norma, porque se trata de un asunto netamente económico que involucra a todo el país. La propuesta es transitoria", afirmó.  

Las declaraciones del funcionario peruano se dieron durante una sesión conjunta este lunes de las comisiones de Justicia y Economía del Congreso peruano, donde Mendoza estuvo acompañado por la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper.

Según el ministro peruano, la ampliación de la vigencia de esta ley, que vencía este martes, tiene como objetivo que se preserven los intereses del Estado sobre bienes de empresas involucradas en actos ilícitos, mediante la retención de activos para cumplir las reparaciones respectivas.

"Estoy hablando de una prórroga por la urgencia del tema, se requiere de una prórroga porque mañana (martes) se vencen los plazos, es transitorio", abundó el ministro peruano.

Asimismo, Mendoza manifestó la preocupación del gobierno peruano de garantizar el pago de la reparación civil y, a la vez, promover la figura legal de colaboración eficaz de parte de empresas involucradas.

Recientemente, el procurador peruano del caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, Jorge Ramírez, exigió al consorcio brasileño el pago de una reparación civil que asciende a unos 3.468 millones de soles (unos US$1.073 millones).

Ramírez indicó que el cálculo del pago de esta reparación civil está vinculado con el perjuicio ocasionado al Estado peruano por el pago de coimas en tres proyectos: la Carretera Interoceánica que une Perú y Brasil, el Gaseoducto Sur Peruano (GSP), y la carretera norandina de Ancash.

La empresa Odebrecht, a través de su representante en Perú, Rodrigo Vilar, rechazó esta petición, ya que consideró que es 30 veces más del total de coimas pagadas por el consorcio brasileño en el país, por lo que ofreció el pago de US$66 millones de indemnización a Perú.