Una vez más la polémica se cierne sobre las firmas encargadas de asignar ratings a empresas y gobiernos. Esta vez Estados Unidos se suma a Europa en el reclamo por negligencia y conflicto de intereses.

Los últimos hallazgos contenidos en el caso 13-00779, de Estados Unidos contra McGraw-Hill, que se encuentra en un Tribunal de Distrito en Los Ángeles, California, son contundentes.

De acuerdo al contenido de los últimos correos electrónicos que se han dado a conocer, y que contempla el Departamento de Justicia en la demanda contra Standard & Poor’s, un analista se quejaba en 2004 de que estaban perdiendo clientes ante Moody’s, debido a que tenían parámetros más estrictos en la asignación de calificaciones.

El Departamento de Justicia ha mandado una señal clara de que se saldarán los temas pendientes de la crisis que casi lleva al mundo a la Gran Depresión.

Sellos a oro chatarra. Para Sanjay Sanghoee, un analista que ha trabajado en bancos de inversión como Lazard Freres y Dresdner Kleinwort Wasserstein, tanto S&P, como otras firmas similares (Moody’s y Fitch), han puesto su sello de aprobación en lo que llamó “oro chatarra”.

“Olvidemos el aspecto legal por un segundo, y hablemos como banqueros: no veo cómo en el mundo esta firma profesional, muy respetada, no podía saber lo que estaba haciendo, dados los riesgos evidentes de las hipotecas subprime”, dijo.

Lo que S&P debe hacer, según el analista, es admitir su error y decir la verdad sobre la forma en que quedó atrapado en “este circo de la codicia y la irresponsabilidad antes de 2008, y afrontar su responsabilidad como una empresa de clase mundial.”

“En pocas palabras, esta supuesta conducta es atroz, y va al corazón mismo de la reciente crisis financiera”, dijo el pasado martes el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.

El precio del conflicto. Los honorarios recibidos por las firmas a las que les asignó la “buena salud financiera”, muestran papeles que revela la agencia Bloomberg, iban desde 150 mil dólares para una calificación de residencial con respaldo hipotecario de seguridad, hasta 750 mil dólares para la llamada obligación sintética de deuda, en la que la garantía subyacente son derivados del crédito, incluyendo los swaps de incumplimiento, según la denuncia.

“S&P sabía de los riesgos y permitió a los bancos emitir títulos de crédito con protección inferior, haciéndolos rentables”, según el Departamento de Justicia.

Cuentas pendientes. Desde que se dio el colapso de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, además de las críticas a banqueros y reguladores, las calificadoras fueron también blanco de quejas debido a que semanas antes otorgaban el mejor rating a entidades e instrumentos que colapsaron.

En Europa las calificadoras también han sido objeto de la crítica. En el caso específico de Standard & Poor’s, el 10 de noviembre de 2011 un error informático le quitó el grado AAA a Francia.

Dicho error causó amenazas del gobierno del país europeo afectado, que después sí vio un deterioro en su calificación.

La comisionada de Justicia de la Unión Europea, Viviane Reding, ha señalado que las calificadoras estadunidenses han sido responsables parciales de la crisis de deuda que ha afectado a Europa y que ha llevado a países como España al borde de la quiebra.

Entre las soluciones que ha delineado la comisionada se encuentra que el G20 rompa y desconcentre a las tres agencias estadunidenses en referencia, Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, y exigir a Estados Unidos que las divida en seis.

La funcionaria también considera que otra opción sea que Europa y Asia formen a sus propias compañías de calificación.

Resurgen las quejas. En el mundo existen cerca de ochenta calificadoras, pero las principales tres dominan casi 90% del mercado.

Manuel Somoza, especialista en finanzas, ha dicho en varias ocasiones que las calificadoras de riesgo son empresas que emiten un criterio independiente sobre la solvencia financiera y el perfil de riesgo de un emisor.

“La opinión de las agencias es importante, porque permite a los inversionistas mover su dinero en función del análisis de riesgo. S&P pone nota a la deuda soberana de unos 120 países”, dice el analista.

Gary Barquero, gerente general de la calificadora centroamericana SCRiesgo, considera que si bien se basan en análisis objetivos hechos por profesionales, no es una recomendación para comprar, vender o mantener instrumentos.

“No es un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor; tal y como se consigna en cada uno de los reportes que otorga la entidad calificadora”, dice.

Sin embargo, las puntuaciones que ofrecen son tomadas en cuenta por casi todos los inversionistas. “Una buena o mala calificación determina el acceso al financiamiento.”

En Argentina hay aplausos. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, consideró como un avance la decisión de Estados Unidos (EU) de demandar por fraude a la calificadora Standard & Poor’s, por inflar las calificaciones de productos financieros de alto riesgo antes de la crisis financiera mundial.

A través de su cuenta de la red social Twitter, Fernández afirmó que la demanda anunciada el pasado martes por Estados Unidos es un “paso adelante”.

También indicó que “se requieren más” sanciones efectivas para estos casos, que pueden causar terribles males a la economía mundial.

En relación con este tema, la presidenta sugirió que “la inhabilitación para actuar como calificadoras debería ser la verdadera y más efectiva sanción”.

Señaló que al no tomarse medidas como estas dichas, compañías “siguen actuando, calificando deuda de países soberanos, bolsas y mercados como en un sube y baja”.

Añadió también que estas inhabilitaciones a las calificadoras “impide que sigan estafando y engañando al mundo”.

Fernández reflexionó y escribió en su cuenta de Twitter que con estas acciones de las compañías de este sector, “en cada ataque a la moneda de un país, se llevaron ganancias para pocos en perjuicio de ciudadanos de a pie. In the whole world”.

Estados Unidos demandó a la compañía e indicó que reclamará al menos cinco mil millones de dólares de la compañía de Nueva York por defraudar a inversores al presentar como objetivas algunas calificaciones “deliberadamente infladas” para los bonos hipotecarios conocidos como CDO (obligaciones de deuda colateralizada) con el fin de ganar dinero.

Sobre esto, la mandataria argentina opinó que “los cinco mil millones de dólares parecen una suma importante –y lo es–, pero comparada con los cientos de miles de millones con que los Tesoros de Estados Unidos y Europa fondearon bancos, resulta casi irrisorio”.

Recordó que muchas naciones europeas buscan también demandar a estas “pseudocalificadoras”.

McGraw-Hill se desmarcó. La editorial McGraw-Hill, matriz de Standard & Poor’s (S&P), compró a la calificadora en 1966, con el fin de expandir su negocio al mercado de análisis financiero.

Luego de que en 2008 estallara la crisis financiera mundial con el problema hipotecario en Estados Unidos, donde se acusó a las compañías calificadoras de hacer un mal trabajo y no advertir el conflicto que venía, la firma editorial comenzó a replantearse la adquisión, y luego de tres años tomó la decisión de “desvincularse” de S&P.

“El objetivo es evitar que el negocio educativo se mezcle con el de capitales”, fue lo que argumentó la matriz.

De esa manera, creó dos empresas completamente independientes. Según un comunicado de la editorial, McGraw-Hill “se dividió en dos compañías independientes, una centrada en sus negocios de mercados de capital y materias primas, en la que se incluyó la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s, y otra que engloba sus servicios educativos y de aprendizaje digital”.

En este sentido, las dos empresas que resultaron fueron McGraw-Hill Markets y McGraw-Hill Education.

Los analistas aseguraron que toda esta estrategia tuvo un sentido empresarial. Para 2011, curso en el que se anunció la división, McGraw-Hill Markets obtuvo ganancias superiores a cuatro mil millones de dólares.

La compañía está hoy en unos 150 países, aproximadamente.