Los expertos consultados señalan que existe una cláusula en la negociación del canje que, si Argentina paga o reconoce a acreedores por fuera del canje, los acreedores que lo aceptaron pueden reclamar a lo renunciado en él.
Universia Knowledge Wharton. Como si fuera en una película de acción al más puro estilo hollywoodiense, los marineros de la Fragata Libertad argentina impidieron con armas el traslado del buque escuela de la Armada a otro amarradero del puerto de Tema, en Ghana, donde está retenido desde el 2 de octubre pasado ante una solicitud de embargo realizada por NML Capital, un llamado “fondo buitre” que reclama a Argentina más de US$300 millones desde que el país protagonizara entre finales de 2001 y principios de 2002 la mayor cesación de pagos de la deuda soberana de la historia.
El episodio sucedió cuando directivos portuarios pretendían hacer cumplir una orden de la justicia local para mover la Fragata de lugar y evitar, así, problemas de congestionamiento en el puerto y perjuicios económicos que llegarían a los US$60.000 diarios.
El gobierno Argentino, que no puede sacar el buque de Ghana hasta que no se resuelva el problema diplomático en la justicia del país africano, rehusó a moverlo por carecer de tripulación suficiente. Hoy solo quedan a bordo 44 marinos y un capitán ya que hace más de 15 días se evacuó a 281 tripulantes.
Anclada en Ghana desde hace más de un mes, la Fragata ha sido víctima de un golpe mediático orquestado por parte de los fondos buitres para llamar la atención internacional y amenazar al Gobierno argentino para que pague su deuda en default.
Pero otro episodio de mayor gravedad superó al de la Fragata: el fallo a finales de octubre de un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos le dio la razón al juez federal Thomas Griesa para que obligue a la Argentina a pagar su deuda con dos fondos buitres (NML Capital y Elliott Management) y 13 bonistas minoristas. La decisión de la corte estadounidense disparó una ola de ventas de bonos argentinos por temor a que afecte la capacidad de pago del país.
“No le pagaremos a ningún fondo buitre”, repitió una y mil veces a los medios de comunicación la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo que implicaría un desembolso de US$1400 millones. La mandataria se ampara en la llamada “Ley Cerrojo”, dictada por el Congreso en febrero de 2005, que impide al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje.
Argentina abrió en dos oportunidades el canje de la deuda de más de 90.000 millones de dólares, en 2005 y 2010, para pagarles a los bonistas con una quita del 75%. Se adhirió el 92% de los acreedores, y el resto pertenece a los fondos buitres, que rechazaron participar en los canjes, y habían adquirido los bonos en Estados Unidos, con legislación de ese país.
Alberto Rubio, decano de la Escuela de Posgrado en Negocios de la Universidad de Belgrano (UB), no cree que la Argentina acate el fallo del Tribunal. En su opinión, lo que puede ocurrir es que el país recurra el dictamen en la Corte Suprema de EEUU. “Es un modo de ganar más tiempo hasta que la sentencia quede en firme. Quizás entre ocho meses y un año”.
El Dr. Vicente Monteverde, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Morón, también piensa que se podría apelar a la Corte Suprema, el problema es que no hay antecedentes. “El Gobierno podría invocar igualdad de trato bajo la Ley de Quiebras de EE.UU., pero puede ser no aplicable a un país como Argentina, y además esto lleva su tiempo”.
Según los expertos, esta situación pone en jaque la renegociación de deuda con los acreedores de la crisis económica argentina de 2001 y hasta se habla de un posible default o cesación de pagos. En diciembre vencen capitales e intereses, en dólares, de los bonos pertenecientes a los canjes que, según prometió el Gobierno, van a pagarse en forma completa. Mientras tanto, la diplomacia argentina y su estudio de abogados en Nueva York (Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton), arman estrategias para resolver el conflicto con los fondos buitres. De todas formas, falta que Griesa determine de qué manera Argentina debería pagarles a los que quedaron fuera de la renegociación, algo que podría suceder recién en 2013.
Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas de la Argentina, dijo el 22 de octubre durante un seminario de la revista Bank Magazine: “cuando los países emiten deuda externa, en general, abdican parte de su jurisdicción legal comercial. Si se emite en New York, la ley que corre es la de allá y a los inversores les estamos diciendo que, frente a discrepancias comercial legal, lo válido es lo que pase en los tribunales de New York”, dijo el economista, que participó de la ingeniería del canje de deuda.
Fuera del mundo. Mientras el Gobierno trata de resolver los problemas diplomáticos, el país pierde posiciones en el mundo y ve empañada su imagen para la llegada de inversiones y el crecimiento de su comercio internacional.
Por ejemplo, El Foro Económico Mundial hizo pública la nueva edición de su reporte de desarrollo financiero, en el que la Argentina volvió a perder posiciones y está entre los últimos del listado.Pasó del puesto 53 al 55 en un año de un total de 62 países, y los datos más negativos responden a los índices financieros (ambiente de negocios, ambiente institucional, estabilidad financiera) y la percepción de la corrupción.
Además, el país volvió a superar los 1.100 puntos de Riesgo País que mide J.P. Morgan, un 16% más alto que hace un año atrás, cuando Cristina Kirchner fue reelegida. Hasta ahora los niveles de riesgo país más bajos de la región lo registran Colombia, Chile y Perú, con 207, 159 y 216 puntos básicos, respectivamente. Venezuela, en cambio, tiene el índice más alto, con más de 1.200 puntos.
Este escenario impide al país endeudarse en el exterior, o tendría que hacerlo a tasas mucho más altas.“Cuando la credibilidad es vulnerada con actitudes reiteradas (como los cuestionados datos ofrecidos por la oficina estatal de estadística Indec, cambio constante en las reglas de juego, etc.) los mercados se retraen”, sentencia Rubio, de la UB. Y añade: “Siempre queda un espacio para financiarse con capitales de riesgo a muy elevadas tasas de interés. Dados los niveles medios actuales de las tasas internacionales, la pérdida de oportunidades de financiamiento en condiciones normales es grave”.
Al respecto, Monteverde, remarca que Argentina “ya está fuera de los mercados internacionales. El riesgo país, o sea la sobretasa por contraer deuda en el exterior, es más de 1100 puntos básicos, es decir 11% de sobretasa [cada 100 puntos equivalen a 1%]. En el caso de que necesite financiamiento, el sector privado argentino tendrá el mismo costo de sobretasa”.
Otro efecto colateral de incertidumbre lo demuestran los CDS (seguros contra el impago de deuda) que, ante el temor de un posible default, supera los 1.800 puntos, casi el triple de los 758 de Venezuela, y sólo es superado por Grecia, que cotiza por encima de los 7.300 puntos.
Un futuro incierto. Ante el fallo de Estados Unidos, la pregunta es si Argentina puede caer en un nuevo default. “El fallo actualiza y agrava el degradado perfil financiero del país en los mercados internacionales”, señala Rubio, de la UB. Pero además, dice, “complica el acceso de los gobiernos federales y de las empresas privadas al financiamiento externo. El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratifica la interpretación de 'igualar la condición de todos los acreedores'. Técnicamente el país está en default. Un default técnico no es solamente falta de pago sino incumplimiento de cláusulas contractuales”.
Otro problema colateral que se suma es que, de hacerse efectiva la decisión de la justicia norteamericana, otros países en situaciones similares tendrían dificultades para refinanciar sus deudas, como podrían ser los casos de España y Grecia, actualmente en serios problemas económicos. Esos países también tienen bonos emitidos en otras jurisdicciones y, de entrar en default, tendrían como antecedente el caso argentino.Rubio señala que “es posible que suceda lo mismo con otras deudas. No obstante el caso argentino tiene la particularidad de haber decidido en forma unilateral una quita en el momento de negociar un canje de su deuda”.
Para Guillermo Nielsen, “el fallo de Griesa no es mediático. Va a la esencia del mercado financiero de Estados Unidos, no es un tema solo de la Argentina ya que trasciende y pone en jaque todas las reestructuras de deuda posible, como la griega o española. Esto sucede desde la convalidación del fallo de Griesa por la corte de apelaciones”.
Lo cierto es que en el caso de Argentina “hubo mala praxis en sus respuestas y tiempos” en los 10 años de disputas legales en New York, sostiene Monteverde, quien cree que el fallo de Griesa a favor de los fondos buitres responde a que los acreedores hicieron valer sus derechos en una corte internacional, donde tenían más chances de ver cumplidos sus objetivos.
Los expertos consultados señalan que existe una cláusula en la negociación del canje que, si Argentina paga o reconoce a acreedores por fuera del canje, los acreedoresque lo aceptaron pueden reclamar a lo renunciado en él. Por lo tanto, en opinión de Rubio, “se corre el riesgo de afrontar nuevas demandas”.
¿Y qué pasará con la Fragata?Rubioseñalaque “depende de la justicia de Ghana, pero juegan otros aspectos no financieros complejos de prever. Por ejemplo, las molestias que genera para la operación del puerto un buque demorado, los costos de servicio de amarre y otros gastos que es dudoso el país se avenga a pagar, la inteligencia que se utilice para negociar”.
Monteverde recuerda que, en realidad, “la Fragata no puede ser embargada por la legislación internacional, ya que no se embargan los buques de Guerra. Pero la apelación demoraría un largo trecho en el Tribunal Africano”.
Hasta ahora, el Gobierno argentino gastó más de US$2,6 millones en la repatriación de los tripulantes, el costo diario de amarra en Tema, gastos de mantenimiento y salarios de la tripulación.
