Al final, la resolución fue alcanzada en la oficina del piso 27 en Park Avenue de Nueva York del abogado Daniel Pollack, quien convenció a los enconados adversarios que más de una década de disputas improductivas era suficiente.
Nueva York. El celebrado retorno de Argentina a los mercados internacionales de deuda la semana pasada, que recaudó US$16.500 millones, fue el punto culminante de un camino tortuoso de 14 años en el sistema judicial estadounidense desde su histórica cesación de pagos.
En el trayecto, la saga incluyó una amenaza de muerte contra un juez, la incautación de un buque de la marina argentina a instancias de los acreedores y un viaje a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Al final, la resolución fue alcanzada en la oficina del piso 27 en Park Avenue de Nueva York del abogado Daniel Pollack, quien convenció a los enconados adversarios que más de una década de disputas improductivas era suficiente.
El viernes, lo recaudado por la colocación internacional de US$16.500 millones comenzó a fluir hacia los fondos de cobertura que habían declinado aceptar canjes previos con Argentina, derivados de su impago en el 2002 de US$100.000 millones.
Con el pago realizado, Pollack, designado por una corte en el 2014 para mediar en la disputa, finalmente tuvo la libertad de discutir las frenéticas etapas finales de las negociaciones.
En una entrevista con Reuters, Pollack comentó la diplomacia de ida y vuelta, las discusiones maratónicas, las llamadas telefónicas nocturnas y los correos electrónicos que culminaron con que Argentina aceptara pagar al fondo Elliott Management y a tres inversores "holdouts" más que a otros acreedores.
"El acuerdo con Elliott reconoció una realidad que, para Argentina, estas personas crearon algo cercano a una amenaza existencial", dijo Pollack. "Los fondos de cobertura habían gastado decenas de millones de dólares. Tenían la voluntad de continuar y para mí fue una cosa de apelar a los respectivos intereses económicos de ambas partes".
Nuevas caras. Los esfuerzos de Pollack fueron facilitados por un sorpresivo cambio de Gobierno en Argentina a fines del año pasado.
El gobierno anterior de Cristina Fernández convirtió en una política central su rechazo a llegar a acuerdos con los inversores "holdouts", a los que denominaba "buitres" porque en la práctica mantenían a Buenos Aires como rehén al rechazar las reestructuraciones de deuda alcanzadas con el 93% de los otros bonistas.
El avance inicial se produjo cuando Fernández fue reemplazada por un gobierno más amigable con los mercados. Incluso antes de que Mauricio Macri asumiera el poder en diciembre del 2015, Pollack recibió un correo electrónico del nuevo secretario de Finanzas, Luis Caputo, donde solicitaba una reunión discreta.
En ese punto, Pollack había supervisado casi dos años de reuniones esporádicas que sólo había arrojado una profundización de los problemas.
"Tienes que tener gente que esté dispuesta. (El ex ministro de Economía, Axel) Kicillof y (Fernández) no lo estaban", aseguró Pollack a Reuters. "El Gobierno de Macri estaba motivado y dispuesto".
A partir de ahí, el ritmo se aceleró y para inicios de febrero era frenético. Tras algunos intentos fallidos, Argentina presentó una propuesta de solución el 5 de febrero para pagar a los acreedores remanentes más del doble de los 30 centavos de dólar que aceptaron los otros bonistas en el 2005 y el 2010.
Los primeros en hacerse sentir fueron Dart Management y Montreux Partners, que optaron por romper filas con el consorcio de Elliott en ese momento. Pollack escribió a mano el acuerdo con Dart por 849 millones de dólares. Montreux firmó una resolución de cuatro párrafos por 308,6 millones de dólares.
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Se rompe el hielo. Esos acuerdos rompieron el hielo. La presión para firmar sobre Paul Singer, quien lidera Elliott y quien nunca habló directamente con la parte argentina, también creció después de que el juez de distrito Thomas Griesa removió unas resoluciones que bloqueaban la capacidad de Argentina para pagar a sus acreedores si el Gobierno cumplía ciertas condiciones.
Este fue un cambio sustancial para Griesa, quien supervisó el litigio desde sus inicios y al que Pollack le comentó que recibió una amenaza de muerte mientras avanzaba el caso.
Finalmente, el 28 de febrero, los fondos de cobertura firmaron un acuerdo en el que se les pagaba un 75% de lo que solicitaban, además de una cantidad adicional por costos legales, lo que llevó el total a US$4.650 millones, mucho más que a otros bonistas.
El acuerdo fue la última barrera importante en la saga de 14 años, finalizando en la práctica el estatus de paria de Argentina en los mercados internacionales.
