Rafael Correa explicó que si “el gerente de la telefónica o el banco quiere ganar US$60.000, perfecto, pero máximo 20 veces lo que gana el último de sus trabajadores”.

El presidente Rafael Correa adelantó este sábado, durante su enlace sabatino, varios de los cambios que contemplará el proyecto de nuevo Código Laboral que prepara el Ejecutivo.

Señaló que una de las reformas fijará un límite a los sueldos, tanto en el sector público como en el privado.

En este último, la reforma servirá –según él– para reducir la desigualdad. “El gerente de la telefónica o el banco quiere ganar US$60 mil, perfecto, pero máximo 20 veces lo que gana el último de sus trabajadores”.

Mientras, en el sector público, donde ya están fijados los límites, aún hay excepciones en ciertas empresas estatales. “Seremos mucho más fuertes en ello”, advirtió el mandatario.

También anunció que el nuevo Código limitará las utilidades y las jubilaciones.

Varias organizaciones sociales de trabajadores, maestros y estudiantes preparan para el próximo miércoles una marcha en contra de las reformas laborales y la posible alza de pasajes. Correa indicó que los manifestantes serán recibidos por simpatizantes de su Gobierno, que se reunirán en la Plaza de la Independencia.

Uno de los ejes de la sabatina fue la acusación a los 17 alcaldes que se reunieron el miércoles pasado en Guaranda y que se declararon en defensa de las autonomías, vinculándolos a un supuesto plan político de “reestructuración conservadora”.

Para Correa, si los alcaldes defienden la autonomía, deben financiarse por sí solos. Mostró un estudio según el cual, entre el 2000 y el 2012, el 73% de los ingresos de los municipios provino de las transferencias del Gobierno central.

Asimismo, señaló que los cantones deberán asumir las competencias del transporte y del subsidio al pasaje. Según el presidente, esa subvención cuesta US$ 30 millones anuales a nivel nacional. Solo en Guayaquil, puntualizó, el subsidio asciende a US$ 12,4 millones, es decir, al 1,8 % del presupuesto municipal. Mientras, en Quito es de US$10,5 millones, equivalente al 1,4 % de su presupuesto.

Al respecto, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, indicó este sábado que los municipios no podrán actuar en el tema del precio de los pasajes hasta que el Gobierno, a través del ministerio del Transporte, emita las tarifas oficiales. “Es fundamental que el Gobierno en cumplimiento a la Constitución, en el artículo 394; a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre; y a la Resolución 006 del Consejo Nacional de Competencias determine la estructura tarifaria del transporte terrestre”, indicó.

Además defendió la cita en Guaranda indicando que las diferencias ideológicas no deben impedir que las autoridades trabajen en conjunto.