El objetivo de Rafael Correa, quien dejará el cargo el próximo año tras una década en el poder, es obtener la aprobación de los ecuatorianos para evitar la salida de capitales hacia estos lugares, que entre el 2014 y 2015 significó más de US$3.000 millones, según datos oficiales.

Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, solicitó el lunes al máximo organismo legal del país la aprobación de su pedido a una consulta popular para prohibir que funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.

El objetivo de Correa, quien dejará el cargo el próximo año tras una década en el poder, es obtener la aprobación de los ecuatorianos para evitar la salida de capitales hacia estos lugares, que entre el 2014 y 2015 significó más de US$3.000 millones, según datos oficiales.

"Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial", dijo Correa en una audiencia en la Corte Constitucional para sustentar su pedido.

"Es poco lo que puede hacer probablemente un país pequeño (...) pero seguiremos tratando de dar ejemplo al mundo entero y dentro de nuestro país debemos tomar medidas drásticas", agregó.

La consulta popular tendrá una sola pregunta y se realizaría el 19 de febrero del 2017, el mismo día de los comicios presidenciales, lo que ha despertado críticas de la oposición respecto a que Correa podría interferir directamente en la campaña electoral.

En la propuesta se incluyen, además de funcionarios, a ecuatorianos que desempeñen un cargo de elección popular, reformas a varias leyes por parte de la Asamblea Nacional, un plazo de un año para que los funcionarios regresen sus capitales y sanciones como destitución del cargo.

Ecuador tendría unos US$30.000 millones en paraísos fiscales, es decir, un 30% de su Producto Interno Bruto (PIB), según el mandatario.

La propuesta de Correa se enmarca en las filtraciones de los llamados "Papeles de Panamá", que dejaron en evidencia una red de corrupción al interior de la estatal Petroecuador con empresas constituidas por funcionarios en paraísos fiscales.

"Si no hubiese paraísos fiscales no hubiesen tenido tanta facilidad para los cohechos, para las corruptelas y no sólo del lado público sino del lado privado", agregó Correa.

La Corte Constitucional tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre el pedido del mandatario.