Un plan de gasto de US$1,012 billones de dólares suscribe mandatario estadounidense, después de que el Senado le diera ayer luz verde y tras ser aprobado en la Cámara de Representantes.
El plan, aprobado con 72 votos a favor y 26 en contra, completa los detalles del histórico acuerdo presupuestario bipartidista aprobado en diciembre y dota con fondos a las agencias federales durante el año fiscal en marcha, es decir, hasta octubre próximo.
Los fondos federales expiraban en principio la medianoche del miércoles pasado, pero el Congreso aprobó una extensión de tres días para dar tiempo a que el plan fuera aprobado por las dos Cámaras y rubricado por el presidente estadounidense, que dio cuenta del mismo la tarde de este viernes.
Las cuentas permiten eliminar US$45.000 millones de los recortes automáticos, en marcha desde marzo del año pasado por la falta de acuerdo entre los congresistas.
La ley detalla las partidas para una docena de áreas presupuestarias (desde agricultura hasta seguridad nacional) y permite que el Pentágono recupere unos 20.000 millones de dólares en fondos, se dote de financiación al programa educativo Head Start, al tiempo que asegura un aumento del 1 por ciento en los salarios de los funcionarios.
Además, sitúa el gasto para el gobierno de Obama a un nivel similar al de los últimos años de la Administración de George W. Bush en términos nominales.
La norma no incluye finalmente ninguna medida para bloquear la reforma sanitaria impulsada por Obama, contra la que batallan con dureza los republicanos desde su promulgación en 2010.
El cambio más importante que introduce la ley ratificada este viernes es que a los veteranos de guerra con una discapacidad no se les aplicará el recorte en las pensiones de los militares previsto en el acuerdo de diciembre.
A pesar de las amenazas de bloqueo por parte del sector más conservador de las filas republicanas, el plan salió adelante porque ambos partidos coinciden en que lo que el país no puede permitirse es otro nuevo cierre parcial, tras el del año pasado, que perjudicó no sólo la imagen del Gobierno, sino también la del Congreso y la de los legisladores de ambas formaciones políticas.
El plan de gasto que adquiere carácter de ley con la rúbrica presidencial se enmarca en el acuerdo presupuestario bipartidista aprobado en diciembre, que establece las prioridades de gasto del país hasta el otoño de 2015.