La Cámara de la Construcción compartió su pronóstico nada alentador con el periódico El Financiero.

Ante la posibilidad cada vez más cercana de que el congreso costarricense apruebe la Ley de solidaridad tributaria, que implica una reestructuración en las finanzas públicas con nuevos o más tributos, el sector privado ha manifestado su desaprobación por las consecuencias que podría tener en la economía.

La Cámara de la Construcción compartió su pronóstico nada alentador con el periódico El Financiero. De acuerdo con los representantes del sector, las expectativas de crecimiento para el 2012 son positivas y proyectan un 5%.

Pero advierten que de entrar en vigor el paquete fiscal que se cocina en el congreso el crecimiento no sería posible y regresarían a números negativos. La construcción es aún más dramática y agrega que las medidas fiscales llevarían a encarecer el precio de la vivienda entre un 3% a 5%.

Dicho proyecto de ley llegó a las manos de los diputados en enero de 2011 y desde entonces ha sufrido una serie de modificaciones que le llevaron a reducir la meta de recaudación de un 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta 1,5% equivalente a un poco más de $690 millones.
El gobierno ha advertido mediante su ministro de hacienda, Fernando Herrero la necesidad de obtener una mayor recaudación lo más pronto posible. Para ello ha propuesto aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en más productos de la canasta básica, regular la renta global y por salarios, tasar las remesas del exterior entre otras acciones.

Otros sectores quienes ven un peligro para su desempeño económico son el agrícola y el comercio.

En el primer caso, el líder gremial, Álvaro Sáenz amentó estar “viviendo una reforma agraria al revés, en vez de proteger la producción nacional, que a su vez es la forma de proteger al consumidor nacional, el Estado hace todo lo contrario”.

Prevén alza en alimentos. Pero los privados no solo han señalado peligro con una reforma en las finanzas públicas.

De acuerdo con el rotativo La Nación la propuesta para incrementar las tarifas de servicios obligatorios que da el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) hasta en un 500% podría desatar alzas en los precios de los alimentos.

Los empresarios dijeron que el incremento será traslado al consumidor final, no obstante no dieron detalle sobre cuánto podrían subir los precios.

Desde 1999 las tarifas no se indexaban de acuerdo con el índice de Precios al Consumidor (IPC), indicó Ligia Quirós, directora del SENASA, de modo que los costos han quedado rezagados con el valor real.

Quirós destacó que para hacer el ajuste en las tarifas se contrató a una empresa para que hiciera un cálculo técnico.

Entre las modificaciones que hace esta propuesta se incluye subir la tarifa del registro anual para un establecimiento grande que exporta, y el costo de la necropsia que es el estudio de la causa de la muerte de una res cuando no fue por causas naturales.

Además, la se agrega la idea de algunas tarifas nuevas como el Certificado Veterinario de operación de forma obligatoria para todos aquellos que vendan alimentos para animales.