Gerardo Esquivel, quien ocupará la Secretaría en el gobierno de López Obrador, dijo que el ahorro se buscará con la eliminación o fusión de programas que evalúa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y con ajustes en la burocracia.
Ciudad de México. La implementación de una verdadera reingeniería al gasto público le permitirá al nuevo gobierno lograr sus metas de campaña. Esto, a pesar de heredar unas finanzas públicas presionadas por diversos factores, entre ellos el alto endeudamiento, considera Gerardo Esquivel, quien será el nuevo subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En entrevista, Esquivel platica que, junto con Carlos Urzúa, próximo titular de Hacienda, y Arturo Herrera como subsecretario del ramo, arrastrarán el lápiz para lograr un ahorro de 500.000 millones de pesos (US$26.177 millones), los cuales ya se tienen identificados con la eliminación y/o fusión de programas que evalúa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como ajustes que se harán en la burocracia.
Presupuesto base cero. Lo anterior, expone, se llevará a cabo bajo la estrategia de un verdadero Presupuesto Base Cero (PBC), idea planteada por Luis Videgaray, quien fue secretario de Hacienda al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que sólo originó ajustes marginales al presupuesto.
También habló sobre las atribuciones que debería tener un Consejo Fiscal, las coberturas petroleras del próximo año, que deberá evaluar con el equipo de transición y sobre los precios de la gasolina.
- ¿Cómo van a lograr la reestructuración del gasto público, si se habla de que 80% está comprometido entre pensiones, costo financiero y participaciones?
Hay una serie de fuentes de ahorro que hemos identificado que son los recursos que nos permitirían financiar las propuestas que nos hemos planteado.
Tenemos identificados 147 programas que no cumplen con su principal objetivo, más la eliminación de otros gastos superfluos como la compactación de la burocracia, la eliminación de ciertos privilegios a los cargos de mayor rango y el ajuste salarial para los niveles más altos de la burocracia.
Estamos hablando de 500.000 millones de pesos (US$26.177 millones) que son aproximadamente 10% del presupuesto. Aunque el gasto esté comprometido en estos tres rubros, aun así, hay margen para lo que nosotros pretendemos hacer.
- ¿Cuál es la estrategia para mejorar y hacer más eficiente el gasto público?
La administración pasada ofreció un Presupuesto Base Cero, pero en realidad sólo se hizo un ajuste bastante marginal en el presupuesto.
Lo que nosotros haremos es un PBC, en el que vamos a incorporar las cosas que nosotros tenemos como prioridad y luego haremos una evaluación con base en resultados de lo que debe permanecer y lo que no.
Es una mezcla entre el replanteamiento del ejercicio de los recursos presupuestales y de la evaluación de lo que ha funcionado o no en el presupuesto anterior.
Usamos la información pública de Coneval y evaluamos la pertinencia de ver qué programas se deben eliminar, ampliar, reducir o fusionar. Con ello podremos avanzar razonablemente.
- Con respecto a las coberturas petroleras para el siguiente año, ¿ya han hablado con el equipo de transición para su contratación?
Todo dependerá de los trabajos propiamente dichos de la transición, en la medida en que éstos no hayan empezado, pues es difícil identificar a quién le corresponden. Lo más razonable es que sea un trabajo en conjunto porque, si bien las coberturas entrarían en vigor para el próximo año, la contratación tendría que hacerse este año y sería responsabilidad de la presente administración.
- ¿Considera que las coberturas que se han contratado hasta el momento son eficientes y buenas para las finanzas públicas?
Estudios dicen que han sido buenas y quizá se puedan valorar las condiciones en las que se firman las coberturas. Como instrumento es útil, dada la volatilidad de un producto tan importante para el país como es el petróleo; en ese sentido lo más razonable es que se mantengan y en todo caso revisar y evaluar las características de las contrataciones.
- ¿Habrá gasolinazos en los próximos años?
Lo que ha dicho Carlos Urzúa es que no habrá gasolinazos en el sentido de que no habrá incrementos abruptos en los precios como ocurrió en enero del 2017, que fue drástico y afectó a la economía de las familias.
Eso no quiere decir que el precio no va a subir, lo va a hacer con base en la inflación, es decir, aumenta con respecto a los demás productos.
Esa propuesta garantiza y da certidumbre a los consumidores de la evolución de los precios de tal manera que no sea un tema de preocupación y afectación a la economía familiar.
- ¿Qué representa para usted ser el siguiente subsecretario de Egresos?
Hay que esperar, es un puesto que requiere ratificación del Congreso, pero sin duda es un honor y un privilegio poder participar en este trabajo, específicamente cuando el presupuesto será crucial para la consecución de los objetivos que se ha plateado la próxima administración.
Parte importante del programa económico de López Obrador involucra temas presupuestales porque se busca combatir el dispendio de los recursos y hacer un buen uso de los mismos en los proyectos económicos y sociales que se han planteado, por ello, es una enorme responsabilidad y un reto enorme que esperamos cubrir dentro de las circunstancias.
Equipo de AMLO ve bien la creación de Consejo Fiscal. El nuevo equipo que integrará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ve con malos ojos la creación de un Consejo Fiscal, incluso considera que ya se debe ir pensando en cuáles serían las atribuciones y características de este organismo que ha sido una recomendación del mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) y de diversas organizaciones civiles.
Gerardo Esquivel, quien fungirá como subsecretario de Egresos de la dependencia, comentó a El Economista que el Consejo Fiscal debe estar vinculado al Congreso, tal como sucede con la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, la cual proporciona información y análisis a los legisladores sobre propuestas económicas y del gasto público.
“Sería deseable un organismo de esta naturaleza y que tenga ciertos mandatos específicos sobre la valoración de la política fiscal, la estimación de una serie de pronósticos y de escenarios de gasto”.
Indicó que dichas atribuciones se plantearán a las organizaciones de la sociedad civil que han estado empujando el tema para ahondar más en cómo debe funcionar este organismo para que sea un verdadero contrapeso de lo que el Ejecutivo presenta cada año en el Paquete Económico.
Al preguntarle si el siguiente gobierno tendría como prioridad el Consejo Fiscal antes de realizar alguna reforma como la que se requiere en el sistema de pensiones, respondió:
“En principio es mucho más razonable y simple empezar con la creación del Consejo Fiscal y quizá deseable. En un sentido, dependerá de cómo se den los tiempos y la discusión con los agentes que han plateado la propuesta”, afirmó.
Desde el 2016, el FMI planteó las ventajas de contar con un Consejo Fiscal y recomendó a México tener un organismo como contrapeso para que le aportara un mejor análisis de las decisiones económicas que tomara.
El llamado fue rechazado por el propio titular de Hacienda, ya que consideraban que México contaba con un buen marco jurídico que es revisado anualmente por organismos internacionales como el FMI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y las calificadoras.
Paralelamente, organismos como México Evalúa, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria y hasta la Confederación Patronal de la República Mexicana se pronunciaron a favor de un ente que revise y otorgue opiniones sobre las propuestas de planeación y ejecución del gasto, así como la obtención de ingresos.
