La expansión de sociedades sin controlantes claros tiene en alerta al gobierno de Colombia, ya que el dinero de los impuestos que debería quedarse en el país se está fugando a paraísos fiscales.

La proliferación de paraísos fiscales en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes, donde las reglas tributarias y de sociedades no son fuertes y los inversionistas gozan de un cierto anonimato, según expertos en la materia, ha generado que al país continúen llegando capitales para crear sucursales o subordinadas de empresas que tiempo después envían de vuelta las utilidades producidas que se van sin pagar impuesto alguno.

El hecho de que muchas empresas del país no tengan controlantes visibles que las hagan existir ante las autoridades colombianas y el ente recaudador de impuestos, ha generado fugas de capital que va a paraísos fiscales.

Dice Juan Ricardo Ortega, jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que a quien hace una transacción de este calibre se le considera una “mente brillante”, pero para él es delito que vía Bermudas se estén yendo del país $400.000 millones (más de US$225 millones) en impuestos.

Para ponerle ‘coto’ a este fenómeno, en el Congreso de la República está cursando el proyecto de ley 143, cuyo ponente es el senador Juan Mario Laserna. El texto de la iniciativa, que ya fue debatido en el Senado y que ahora pasará a la Cámara de Representantes, busca no sólo ampliar el concepto de empresa y establecer reglas para la disolución de sociedades, sino aclarar la definición de grupo empresarial.

También pretende definir “el concepto de subordinación y control conjunto” y crear “un registro nacional de grupos empresariales”. Con esto, “se genera la obligación de inscribir la situación de control por parte de la sociedad extranjera”.

De aprobarse esta ley, todas las empresas controlantes deben inscribirse de manera obligatoria en el registro mercantil haciendo constar nacionalidad, actividad y nombre.

En cuanto a sociedades extranjeras, el proyecto propone que sea obligatorio que éstas inscriban en el registro “la empresa que ejerce control sobre ellas”.

La iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de socios o accionistas, que tiene como fin “almacenar la información relativa a la identificación de los inversionistas en todas las sociedades domiciliadas en el país, así como de las sociedades extranjeras que tengan o incorporen sucursales en Colombia”. De aprobarse la iniciativa, el gobierno tendrá seis meses para crear la reglamentación que ponga a andar el sistema.

El senador Laserna asegura que muchas empresas no existen para la DIAN y que países como Panamá no están gravando los ingresos provenientes del exterior. “Este proyecto busca que se sepan los controlantes. A eso se ha opuesto todo el mundo y también el Consejo Gremial. Hay gente poderosa que quiere que eso no se apruebe”.

Según el director de la DIAN, en el país se celebra el aumento de la inversión extranjera, aunque venga de paraísos fiscales. Entre tanto, datos de Proexport Colombia aseguran que el 20% de las inversiones vienen de Angilla (territorio británico de ultramar); 28% de Panamá; 2% de Islas Caimán y 15% de Bermudas.

Además, a Ortega le pareció inaudito que una inversión de Bermudas constituida con $20 millones de capital consiguiera un crédito con Barclays por US$3.500 millones. “Esas transacciones en Colombia existen y una firma elegantísima de abogados arma la estructura de eso y usted se gana unos ‘feed’ muy altos por hacer eso”.

Un ejemplo que da Ortega en cuando a controlantes, es que los productos minero-energéticos se están vendiendo a paraísos fiscales. “Cuando se mira el volumen que va a Islas Caimán, Jersey, Isla Man y Delaware (Estados Unidos), es muy importante. Se vuelve un tema de beneficiario controlante”.

Señala además que en Colombia la debilidad normativa ha permitido esto. Agrega que sería ideal tener contratos en el sector minero y petrolero en los que se pusiera: “si usted no declara, diga quién es su beneficiario controlante; quién es el que manda. A veces esos dueños del balón venden servicios carísimos que valen cifras absurdas. Eso tributariamente les baja totalmente la base”.

Un experto en la materia considera que la idea con el proyecto en curso no es prohibir que una sociedad que por ejemplo tenga domicilio en Panamá no pueda tener una filial en el país, sino “que esa sucursal colombiana esté obligada a revelar quién controla la sociedad matriz afuera”.

El problema con este tipo de sociedades es en gran parte de información, lo que no ha permitido generar total transparencia en el mercado. Adicional a esto, Ortega considera que es fundamental la parte del proyecto que trata de la creación de un registro de accionistas.

“Se tiene que registrar quién es accionista de la sociedad. Si la matriz está afuera, la subordinada colombiana tiene que informar quién la controla. Lo importante es que el debate se dé de cara al país, porque ha tenido una oposición gigantesca”, concluye Ortega.