Sin embargo, Puerto Rico acumula una deuda de más de US$70.000 millones, de la que unos US$600 millones son de los municipios, y depende de ella para mantener funcionando la maquinaria estatal.

San Juan. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro Padilla, sellará este viernes una iniciativa con el fin de que la isla vuelva al mercado de bonos para obtener financiación para los municipios.

Padilla pondrá su firma a la creación de la Corporación de Financiamiento Municipal y el Fondo de Administración Municipal, aprobada este jueves por el Senado.

La idea es facultar a la corporación, adscrita al Banco Gubernamental de Fomento, para emitir bonos y utilizar otros mecanismos de pago y refinanciación de la deuda contraída por los municipios, cuyo pago de principal e intereses estará respaldado por el impuesto sobre ventas y uso municipal (IVU).

El 1% del IVU será cobrado por los municipios y depositado en un fondo, del que se nutrirán para garantizar el repago de cualquier préstamo.

Puerto Rico acumula una deuda de más de US$70.000 millones, de la que unos US$600 millones son de los municipios, y depende de ella para mantener funcionando la maquinaria estatal.

La última entidad del gobierno de Puerto Rico que acudió al mercado de deuda municipal fue la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que en agosto colocó bonos a intereses cercanos al 7%.

El portavoz del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, dijo este viernes que estas medidas "son contrarias a una política de sana administración y tendrán un efecto adverso en el fisco, pues se estará refinanciando la deuda de los municipios a intereses más altos".

La amenaza de una degradación de la calificación de la deuda de Puerto Rico al grado especulativo (bono chatarra o basura) está cada vez más presente y los inversionistas han estado presionando a la baja los precios por temor a que la isla incumpla sus deudas.

Las tres grandes agencias sitúan ya la nota de la deuda de Puerto Rico en el escalón previo al especulativo y el mes pasado Moody's anunció que ponía la calificación en revisión para una posible bajada.

Cualquier cambio a la baja podría tener consecuencias muy dolorosas para Puerto Rico, ya que se aceleraría la necesidad de pagar cerca de cientos de millones de dólares de deuda y habría que presentar más colateral.

Aunque las autoridades insisten en que hay liquidez para aguantar hasta el final de este año fiscal (30 de junio), las medidas recién aprobadas allanan el camino para regresar al mercado, algo que Moody's ya insistió el mes pasado en que era necesario hacer cuanto antes.