El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Román, expresó a Efe su repudio al posible incremento del 60%.
San Juan. Los comerciantes dedicados al suministro de gasolina en Puerto Rico alzaron hoy su voz contra la intención del Gobierno de elevar los impuestos al petróleo, alegando que ello no hará sino agudizar la crisis económica que vive la isla.
El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Román, expresó a Efe su repudio al posible incremento del 60% que el Gobierno local quiere implantar a la gasolina en momentos en que la ciudadanía se encuentra en "una estrechez económica".
"Otro impuesto más al pueblo sería fatal para los consumidores", resaltó Román, quien había convocado para hoy una manifestación en contra del posible arbitrio, pero que pospuso debido a las intensas lluvias que están cayendo este viernes en la isla por el paso de dos frentes atmosféricos.
El nuevo arbitrio al petróleo proviene del Proyecto de la Cámara 2212, que busca crear el Fondo Especial de Asistencia Económica de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico. Se implantaría en marzo de 2015 y elevaría el costo del barril de US$9,25 a US$15,50.
Las ganancias económicas se generarían mediante un alza en el impuesto sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y terminados derivados del petróleo, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos.
El representante de más de 1.100 gasolineras en la isla señaló que se trata del impuesto de su clase más alto de EE.UU. y que se ha aprovechado para su introducción la actual bajada del precio del crudo en el mercado internacional.
El proyecto legislativo irónicamente llega en momentos en que el precio de la gasolina ha disminuido en el pasado mes a cerca de 80 centavos por libro, después de haberse situado en los últimos años en un promedio de 90 centavos. No obstante, Román afirmó que si el impuesto se aprueba, el costo excederá el dólar.
En los pasados tres años ha habido una merma en la venta del combustible en las gasolineras de la isla de alrededor de un 20%, según sus datos, debido al éxodo de puertorriqueños, la crisis y la comercialización de vehículos más eficientes en el consumo de combustible.
El presidente de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores, José Rodríguez Báez, también alzó su voz de protesta y en entrevista con Efe dijo que se solidariza con los vendedores a clientes finales porque se trata de "otro atraco a los consumidores".
"La situación no aguanta más para el pueblo, los trabajadores y el país en seguir pagando más impuestos. La situación económica es desastrosa y el Gobierno tiene que buscar otras medidas, porque si no, nos seguirán exprimiendo, y no aguantamos más", sostuvo el líder sindical.
Afirmó que la implantación del impuesto elevaría los precios del diesel, el gas propano, las comidas en los supermercados y en los restaurantes, mientras el pueblo ya sufre las consecuencias de los costos en la electricidad y el consumo de agua.
"Esto sería devastador para el consumidor y de ninguna manera debe aprobarse. No es justo que recibamos tanto golpe y no aguantamos más", afirmó.
La medida ha sido criticada por algunos legisladores, entre ellos, el representante opositor Antonio Soto, quien tronó contra el gobernante Partido Popular Democrático porque, según él, está "engañando al pueblo" con el impuesto.
Soto contó que el año pasado el Gobierno impuso un impuesto de cuatro centavos al petróleo, que le generó 189 millones de dólares a sus arcas, "y lo anunciaron como la solución a la situación fiscal" para la Autoridad de Carreteras.
Por su parte, el Gobierno insiste en que esta subida no afectará al costo de la energía eléctrica y explica que se necesita para atender los problemas fiscales de la Autoridad de Carreteras, que al final de 2012 (en el cambio de Gobierno) acumulaban una deuda de más de US$2.200 millones.
