Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de EE.UU. que le provea de herramientas legales para reestructurar sus deudas.

El gobernador Alejandro García Padilla, que incluso abandonó sus aspiraciones a la reelección para centrarse en solucionar la crisis fiscal que sufre la isla, anunció que Puerto Rico no pagará los US$422 millones en deuda que vencía este domingo y acusó a Estados Unidos de no ayudar a tiempo a este Estado Libre Asociado.

Aunque en meses pasados ya había dejado de pagar algún vencimiento puntual de deuda, el anunciado ahora es el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña, asfixiada por la falta de liquidez y una crisis que dura ya una década. La fecha legal de vencimiento de la deuda fue el 1 de mayo, pero por ser este domingo el impago, se hizo efectivo este lunes.

"Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa, que francamente hubiese preferido no tomar", pero "la crisis humanitaria se hace cada día más profunda". Así explicó García Padilla, en un mensaje público a la ciudadanía, su decisión de aplicar una moratoria unilateral y temporal en el pago que el país debía abonar a los titulares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Ejecutivo.

García Padilla firmó el sábado la orden ejecutiva que autoriza la moratoria, según explicó, para luego insistir en que "hubiera preferido contar con un marco legal" que les permitiera cumplir con todas las obligaciones. Pero "al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: Decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo", resumió con semblante serio.

Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de EE.UU. que le provea de herramientas legales para reestructurar sus deudas. "No queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de EE.UU.", argumentó.

Necesidades básicas. "La mayoría de nuestros niños reciben la educación en las escuelas públicas. La mitad de nuestra población recibe su cubierta de servicios médicos del gobierno, incluyendo las medicinas recetadas que necesitan para sobrevivir", dijo. Esa situación "es tan difícil", señaló, "que a duras penas podemos proveer los servicios que nuestros estudiantes de educación especial necesitan desesperadamente" o "pagar la gasolina que necesitan las patrullas de nuestros policías y los camiones de nuestros bomberos".

"Sencillamente no tenemos dinero suficiente para pagar todos esos servicios y a la vez pagarle también a nuestros acreedores", algo de lo que, según dijo, "tanto el Congreso (federal) como los acreedores son plenamente conscientes".

Contra junta externa. Pero, "en una acción de pura codicia, algunos de los fondos buitres y sus cabilderos quieren privar a Puerto Rico" de poder declararse en quiebra bajo la protección de la legislación federal, consideró, lo que permitiría reestructurar la deuda de forma ordenada y sin tener que hacer frente a las demandas que previsiblemente se agolparán en los tribunales estadounidenses tras el impago anunciado.

El gobernador también dijo estar en contra de la condición que Washington quiere imponer a cambio de esa petición y que consiste en someter al gobierno local al control de una junta externa. Para García Padilla la imposición de una junta que esté por encima del gobierno es una falta de respeto al derecho de autogobierno de este Estado Libre Asociado y solo la aceptaría si se limitara a brindar "asistencia" para "balancear el presupuesto y mejorar la disciplina fiscal".

"Nos oponemos firmemente a una junta de control fiscal con funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu gobierno, decidiendo cómo se gasta tu dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, enmendar o derogar nuestras leyes a su antojo y sin ninguna responsabilidad de rendirte cuentas a ti", argumentó.