El Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico declaró inconstitucional la ley aprobada en junio pasado por el gobierno de la isla para hacer viable la declaración de quiebra de las agencias públicas, algunas de ellas asfixiadas por las deudas.

La conocida a nivel local como la ley de “quiebra criolla” entra en contradicción con la legislación que regula este tipo de procesos en EE.UU., según la decisión emitida hoy por el juez Francisco A. Besosa y difundida por los demandantes, que puede ser recurrida.

La “Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas” de Puerto Rico había sido demandada por varios fondos de inversión que en conjunto poseen cerca de US$2 mil millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Esta compañía pública, que monopoliza el mercado en Puerto Rico, es una de las que más dificultades tiene para hacer frente a las obligaciones de su deuda y, por tanto, una de las que se temía que fuera la primera en acogerse a esta ley.

La nulidad de la ley, si es que en instancias superiores se mantiene, implica que las empresas que se quisieran acoger a ella no podrán hacerlo para dejar de pagar sus deudas, así que, en la práctica, deberán sentarse a negociar previamente con sus deudores.

“Las corporaciones públicas tienen que ser autosuficientes. Su estructura es parecida a las privadas, pero son públicas porque su fin es el bien común y sus únicos accionistas somos los puertorriqueños”, explicaba un día después de su aprobación el propio gobernador, Alejandro García Padilla, en un mensaje a la ciudadanía.

Apuntaba entonces que algunas de esas empresas públicas ya no son el “ejemplo de eficiencia y calidad” que fueron durante muchos años, en los que “cubrían sus gastos con los ingresos que generaban”.

“Irresponsablemente, algunos gobiernos comenzaron a permitir que los gastos excedieran los ingresos; a tolerar que se pasaran a los clientes facturas cada vez más altas y que, aun así, la chequera se cuadrara con préstamos”, aseguraba.

“La reorganización era inevitable y necesitábamos producir el marco legal para hacerla viable”, argumentaba el gobernador, recordando que Puerto Rico es “la única jurisdicción de EE.UU.,” y probablemente del mundo, que no tenía un ordenamiento legal para ese manejo".