El sector industrial mexicano se ha pronunciado a favor de los ajustes al gasto corriente y contra recortes adicionales al presupuesto de inversión correspondiente a 2017.

La propuesta de Paquete Económico que presentarán las autoridades al Congreso de la Unión a más tardar el próximo 8 de septiembre debe reducir el gasto para mantener finanzas públicas sanas y fortalecer la estabilidad macroeconómica, pero también debe contemplar estímulos para la inversión a fin de potencializar el crecimiento económico, coincidieron dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega.

Así, el gobierno debe concentrarse en disminuir su costo operativo a fin de no impactar en la inversión ni en el gasto social.

Además se manifestaron a favor de crear incentivos tributarios y de medidas de simplificación que se traduzcan en más proyectos productivos y más fuentes de empleo.

No más recortes a los proyectos. El sector industrial mexicano se ha pronunciado a favor de los ajustes al gasto corriente y contra recortes adicionales al presupuesto de inversión correspondiente a 2017.

De acuerdo con Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), realizar recortes adicionales al presupuesto de inversión sólo agudizará el debilitamiento de la economía y la industria, “justo cuando lo que necesitamos es impulsar su repunte”.

Para impulsar la reanimación de la inversión productiva ha propuesto acelerar la creación de Asociaciones Público Privadas que detonen los proyectos de obra pública e infraestructura, afectados por los recortes así como adelantar el arranque de los proyectos de inversión previstos para el primer semestre de 2017 que cuenten con el estudio de viabilidad, el fondeo y la documentación necesaria para su licitación.

El dirigente se manifestó por la deducción acelerada de las inversiones en activos fijos, eliminando las restricciones referidas a los ingresos de hasta 100 millones de pesos y a la ubicación geográfica además de reducir a 30 días el finiquito de las adquisiciones y obras públicas para evitar problemas de cobranza y ofrecer liquidez oportuna a los proveedores del sector público.