Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado a fin del 2015, funcionarios del gobierno dijeron que la medida ayudaría a recaudar unos 11.000 millones de reales (US$2.740 millones).

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, promulgó este jueves una ley que condona a los tenedores de activos sin declarar en el extranjero a cambio de que paguen una multa, como parte de los esfuerzos del gobierno para reducir el déficit presupuestario y reactivar las inversiones en la economía sumida en recesión.

La ley exime de proceso judicial a los brasileños que repatríen sus fondos no declarados y paguen un 30% de multa en forma de impuestos.

Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado a fin del 2015, funcionarios del gobierno dijeron que la medida ayudaría a recaudar unos 11.000 millones de reales (US$2.740 millones).

Rousseff vetó algunos puntos de la ley, incluido el que fijaba el reparto de lo recaudado a los gobiernos regionales. También desestimó la propuesta de sumar las joyas, piedras preciosas, objetos de arte y antigüedades al programa, y dejó sin efecto el plan de habilitar el pago de las multas en cuotas.

El proyecto había sido criticado por ser demasiado condescendiente con los grandes evasores de impuestos.

Los críticos señalan que la ley facilita el lavado de dinero generado por un escándalo de corrupción en varias firmas controladas por el Estado, en el cual millones de reales fueron remitidos a paraísos fiscales y a cuentas secretas en Suiza de políticos de la coalición gobernante y grandes empresarios.

Las autoridades esperan que la ley, junto con la creciente cooperación internacional, por fin disuada a los grandes evasores. En julio, el Congreso de Brasil ratificó un acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos.

Aún con esta amnistía, Rousseff tendrá dificultades para revertir el enorme déficit presupuestario del país, en momentos en que la principal economía de Latinoamérica está sumergida en la peor y más prolongada recesión desde 1901.

El Gobierno apunta a lograr este año un superávit en el presupuesto antes de pagos de deuda equivalente al 0,5% del producto interno bruto (PIB), aunque economistas estiman un déficit del 1% del PIB.