El país no puede pagar sus deudas, que ascienden a US$72.000 millones, lo que equivale a su PIB anual. Los problemas no son nuevos.

Puerto Rico se halla en recesión desde hace diez años. En ese periodo, su PIB ha caído un 14%. Todo comenzó en 2006, cuando terminó un privilegio impositivo. “Sol, playa y cero impuestos” prometía Puerto Rico a empresas estadounidenses que invirtieran en la isla. Muchas vinieron.

La idea era desarrollar en Puerto Rico una estructura industrial que se beneficiara de la proximidad a los Estados Unidos. Con los privilegios impositivos se aspiraba a compensar la desventaja que supone que la isla, como estado asociado, deba aplicar el derecho laboral estadounidense, incluido el sueldo mínimo.

Pero esa política de fomento económico reveló ser insostenible. Cuando, en 2006, Estados Unidos derogó los privilegios impositivos para inversiones de empresas norteamericanas en Puerto Rico, como habían venido, las empresas también se fueron. Lo que quedó fue el sueldo mínimo, de US$7,25 la hora.

Quien lo cobra gana por año unos US15.000, lo que se aproxima bastante al ingreso promedio per cápita en la isla, de unos US$20.000. Ese sueldo mínimo es demasiado alto para Puerto Rico, lo que queda claro teniendo en cuenta que el ingreso promedio per cápita en Estados Unidos es unas tres veces mayor.

Una sangría permanente. Las consecuencias de ese desequilibrio son dos: personas jóvenes con escasa capacitación no hallan trabajo en la isla y quien puede, se marcha a Estados Unidos. Puerto Rico tiene 3,5 millones de habitantes, en Estados Unidos viven hoy unos 5 millones de puertorriqueños.

En los últimos cinco años, un cuarto de millón de personas ha abandonado Puerto Rico. Esa sangría hace que la deuda pública acumulada deba repartirse entre cada vez menos habitantes. Hoy, cada puertorriqueño debe en promedio un ingreso anual.

Otro efecto de la emigración es que las estructuras públicas están sobredimensionadas. A ello se agregan generosas prestaciones sociales, que llegan al 40% de los ingresos totales. En Estados Unidos son del 20%. Quien cobra prestaciones sociales en Puerto Rico tiene poca motivación para postularse a un puesto de trabajo en el que ganará igual o poco más.

En lugar de tratar de sanear las finanzas públicas, redimensionar el Estado y reducir los programas sociales, el gobierno ha intentado combatir el problema de la deuda con más deuda: un método que ya en muchos otros países demostró ser ineficaz.

Para pagar la deuda, más deuda. Aún en marzo de 2014, el gobierno emitió nuevos bonos del tesoro por US$3.500 millones, prometiendo, junto con exenciones impositivas, un beneficio neto anual del 20%. Los bonos pronto hallaron compradores. Pero ese dinero fue pulverizado en un año sin mayores beneficios para la economía de la isla.

Los que se beneficiaron fueron fondos hedge de Estados Unidos, que hoy controlan un tercio de la deuda pública de Puerto Rico. Estos cuentan además con importantes ventajas: de acuerdo con la legislación puertorriqueña, inversionistas estadounidenses que compren bonos del estado libre asociado tienen prioridad. Eso significa que el gobierno, antes de pagar a los funcionarios y jubilados, debe pagar a los inversionistas.

No puede sorprender, por lo tanto, que los fondos de inversión no tengan interés alguno en llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda con el gobierno de Puerto Rico: el pago de intereses y amortización de deuda les está prácticamente asegurado. Y mientras los republicanos los apoyen en el Congreso, no se ve otra salida a la complicada situación en que se halla Puerto Rico más que un radical ajuste de las finanzas públicas.