La derrota en el plebiscito de comienzos de octubre, dejó al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sin capital político para sacar adelante un proyecto impopular como el alza de impuestos.

La reforma tributaria que presentó el Gobierno de Colombia al Congreso enfrenta protestas, una carrera contra el reloj y un ambiente político adverso que dificultará su aprobación, que es crucial para que el país ajuste sus finanzas y mantenga su calificación crediticia.

La derrota en el plebiscito de comienzos de octubre en que los electores rechazaron por un estrecho margen el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC dejó al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sin capital político para sacar adelante un proyecto impopular como el alza de impuestos.

"El clima político está caldeado. No se pudo escoger un momento más desacertado que éste para desembarcar con una reforma tributaria", dijo el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien admitió que aunque es necesaria, se presentó tardíamente y golpeará a la clase media.

Aunque no toca los alimentos básicos, la reforma busca aumentar el impuesto a las ventas de 16 a 19 por ciento, lo que según analistas reducirá el consumo y frenará el crecimiento de la cuarta economía de América Latina, que ya enfrenta una desaceleración.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un 3,1% en 2015, su nivel más bajo en seis años, y para 2016 el Gobierno espera una expansión de 2,5%.

La iniciativa, que tiene que ser aprobada antes del término del año para que entre en vigencia a partir de 2017, apunta a gravar las bebidas azucaradas, las telecomunicaciones, los combustibles y la construcción, al tiempo que propone reducir las cargas tributarias a las empresas, una situación que la hace difícil de defender.

Aunque el izquierdista Polo Democrático y el partido del ex presidente Álvaro Uribe están en dos orillas ideológicas opuestas, coinciden en que no aprobarán alzas de impuestos. Para complicar la situación, los principales sindicatos están empezando a organizar movilizaciones de protesta contra la reforma e incluso no descartan convocar a una huelga.

Uribe aseguró que el riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los sectores de ingresos medios y bajos. Actualmente la calificación soberana colombiana está un escalón por encima del grado de inversión.