El experto Anthony Laub, criticó que los sectores no se han visto beneficiados por el Plan Nacional de Simplificación Administrativa impulsado por el Estado en el año 2013, cuyo fin es la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas.

Lima. La tramitología, la sobrerregulación y las excesivas disposiciones del Ministerio del Ambiente siguen afectando el desarrollo de los sectores de energía y minas del Perú, aseguró el experto en temas energéticos Anthony Laub.

Durante una entrevista con Xinhua, Laub cuestionó que durante los últimos años han ido creciendo las "regulaciones y (la) burocracia" en el país andino, donde existen cerca de "40 instituciones que están directa o indirectamente vinculadas con el sector de energía y minas".

"Y lo que es en procesos administrativos para la obtención de permisos, nosotros hemos hecho una evaluación que son más de 100 permisos que tiene que tener cualquier inversionista que quiera hacer algún tipo de proyecto de energía o de minería en el Perú", apuntó.

Las declaraciones las emitió en el contexto del VII Congreso Internacional "Día de la Energía", organizado por la firma "Laub & Quijandría Energy Group", en el cual analizaron las trabas que se están presentando desde el Estado y que impiden el crecimiento de esas áreas.

Por otra parte, Laub criticó que los sectores no se han visto beneficiados por el Plan Nacional de Simplificación Administrativa impulsado por el Estado en el año 2013, cuyo fin es la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas.

Sostuvo que existen proyectos de inversión que se han visto en la necesidad de esperar hasta 50 meses para obtener la aprobación de sus estudios de impacto ambiental, cuando son seis meses el plazo máximo fijado en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA).

"Estábamos viendo (en el foro) justamente una presentación que estaba haciendo la gente de PlusPetrol, donde informaban que pese a haber tenido los permisos ya obtenidos hace 13 años, recién después de 13 años han podido hacer la primera perforación de un pozo petrolero", mencionó.

Al referirse al impacto que genera esta situación, aseveró que "lo estamos midiendo no solamente en la cantidad de tiempo que dedicamos a solventar problemas de orden burocráticos y/o social, sino que la cantidad de plata que perdemos en el medio; o sea, el tiempo cuesta muchísima plata".

El experto Anthony Laub indicó que una de las formas de mejorar este problema es volver un poco al esquema implementado en la década de los 90, cuando existían sólo cinco actores estatales que intervenían directa e indirectamente en la regulación.

Por otra parte, descartó que eliminar todo un esquema de regulaciones vaya a generar corrupción, ya que "por el contrario, mientras más Estado hay, más corrupción hay".

"La realidad dicta que mientras menos Estado hay, hay mayor libertad y mayor cumplimiento de las normas. Justamente son las cantidades de instituciones (estatales) que vamos adicionando las que generan justamente trabas y, con ello, se generan incentivos para la corrupción", subrayó.

Según el Ministerio de Energía y Minas, las inversiones en el sector minero crecieron un 25,2% entre enero y agosto de este año, lo cual se traduce en US$2.751 millones.

De igual manera, ese organismo informó que está previsto que para este 2018 se pongan en marcha 12 proyectos mineros, valorados de manera conjunta en US$14.746 millones.

La ejecución de esos planes fue considerado "importante" por Laub, quien resaltó la necesidad de "ir, por lo menos, sacando algunos que otros proyectos, (ya que así) por lo menos vamos enviando algunas señales".

"Lo que tenemos en cartera hoy día son más o menos US$10.000 millones en proyectos, de un total de 60.000 (millones de dólares)", estimó el especialista, al tiempo que exhortó a evaluar qué se debe hacer para llegar al desarrollo de total de los proyectos.

Mencionó que para avanzar en ese sentido es necesario: primero, generar confianza y a promover inversión; segundo, reducir la burocracia; tercero, disminuir los procesos y permisos; cuarto, generar vocación de promoción por parte del Estado; y quinto, lograr el apoyo de los medios de comunicación.