Júlio Marcelo de Oliveira, un fiscal del Tribunal de Cuentas Federal de Brasil, afirma que Dilma Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal del país al retrasar sistemáticamente los pagos a los prestamistas estatales.

Brasilia. La mayor amenaza para que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, siga en el cargo podría no provenir de un escándalo de corrupción que ha golpeado a la élite empresarial y política del país, sino de una investigación menos vistosa sobre prácticas contables.

Júlio Marcelo de Oliveira, un fiscal del Tribunal de Cuentas Federal de Brasil, conocido como TCU, dice que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal del país al retrasar sistemáticamente los pagos a los prestamistas estatales para emplear el dinero en el financiamiento de programas sociales como el seguro de desempleo.

El retraso en los pagos se tradujo en que las cuentas fiscales de la nación parecían ser más saludables de lo que eran realmente.

La práctica habría tenido como objetivo mostrar que el gasto no es tan alto y mejorar las posibilidades de reelección de Rousseff.

El TCU es el tribunal más alto de contabilidad fiscal de Brasil y está a cargo de la revisión de las finanzas públicas. La Constitución brasileña contempla el juicio político y la destitución de un presidente que viole la ley de responsabilidad fiscal.

Oliveira afirma que el Gobierno de Rousseff retrasó la devolución de cerca de 40.000 millones de reales (US$11.600 millones) de fondos para programas sociales obtenidos de prestamistas estatales en 2012 y 2013. Aunque otros gobiernos brasileños han retrasado los pagos en el pasado, nunca se hizo en esta magnitud, dijo.

El Gobierno de Rousseff ha negado cualquier irregularidad, argumentando que cumplió con la ley en sus prácticas contables del año pasado.

El Gobierno reconoció que retrasó el pago a los prestamistas estatales debido a un limitado flujo de caja en el momento, al igual que otras administraciones hicieron en el pasado sin violar la ley. El Gobierno está pagando esas deudas, lo que ha reducido sus ahorros este año y ha obligado a las autoridades a recortar metas fiscales clave.

"Nunca imaginé que esto se iba a convertir en algo tan grande", dijo Oliveira, de 46 años. "Yo representé a otros casos que pensaba eran más importantes (...) pero esto ha tomado otra dimensión política", añadió.

Las acusaciones han envalentonado a los opositores de Rousseff a pedir un juicio político en el Congreso.

"Sin lugar a dudas el caso del TCU es el más sólido de todos (...) sirve como la base para un juicio político", dijo Paulo Kramer, un consultor con sede en Brasilia. "El clima político se está deteriorando tan rápidamente que hay un riesgo real de que ella no termine su mandato", añadió.

El fallo del TCU no es jurídicamente vinculante, pero podría ayudar al Congreso a decidir si Rousseff violó las reglas fiscales, allanando el camino para el que sería el primer intento en el país para destituir a un presidente en ejercicio desde 1992. Se espera que el TCU anuncie su decisión a fines de agosto.

Hay 12 solicitudes de juicio político en el Congreso, pero todas ellas carecen de la base jurídica para seguir adelante, dijeron a Reuters asesores del Congreso.

Varios otros funcionarios gubernamentales también son acusados de violar la ley de responsabilidad fiscal en la investigación del TCU.

Entre ellos figuran algunos asesores clave de Rousseff, como el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, y la jefa del banco estatal Caixa Economica Federal, Miriam Belchior, dijo Oliveira.