"En esa cuestión seremos tercos, insistentes, y enviaremos una nueva propuesta para que las regalías sean usadas exclusivamente en la educación", declaró la mandataria en un acto celebrado en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul.

Brasilia, EFE. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó este que insistirá ante el Congreso en que todas las regalías petroleras se destinen a la educación, pese a que las cámaras ya rechazaron una propuesta similar presentada por su gobierno.

"En esa cuestión seremos tercos, insistentes, y enviaremos una nueva propuesta para que las regalías (generadas por las operaciones petrolera) sean usadas exclusivamente en la educación", declaró la mandataria en un acto celebrado en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul.

Según Rousseff, "Brasil precisa de dos cosas para mejorar la educación: la voluntad política del gobierno y recursos" económicos.

A raíz de los hallazgos de una enorme riqueza en petróleo y gas en aguas profundas del océano Atlántico, el gobierno propuso una ley para modificar la distribución de las regalías del petróleo a fin de que fueran destinadas a inversiones en el área de educación.

Sin embargo, las cámaras modificaron el proyecto, eliminaron esa obligatoriedad y alteraron el régimen de distribución de ese dinero, que hasta ahora beneficiaba a las regiones productoras, como Río de Janeiro y Espíritu Santo, y según la nueva ley deberá distribuirse en forma equitativa entre los 27 estados del país.

Rousseff vetó parte del texto aprobado en las cámaras, pero su decisión, según establece la Constitución, debía ser refrendada por el Congreso, que volvió a imponer su opinión y restableció la nueva distribución de regalías sin contemplar inversiones en educación.

La presidenta promulgó la ley el mes pasado, pero el pasado 18 de marzo, el Supremo Tribunal la suspendió en forma cautelar a raíz de una demanda presentada por los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo, que consideraron "inconstitucional" la nueva distribución de regalías establecida por el Parlamento.

La ley continuará suspendida hasta tanto el pleno del Supremo analice el caso, a fin de determinar si el texto aprobado por el Congreso se ajusta a las normas constitucionales.