La enmienda fija que la SEC establecería y supervisaría a un poderoso panel de calificación de créditos que actuaría como intermediario entre los emisores que buscan calificaciones y las agencias que las realizan.

Washington. El Senado estadounidense aprobó una indicación que incorporaría al Gobierno en el proceso de determinar quién asigna calificaciones a complejas operaciones de bonos, en una iniciativa destinada a poner fin a conflictos de interés que han sido señalados por algunos como culpables de empeorar la crisis financiera.

La votación de este jueves representa una de las medidas más estrictas del Congreso estadounidense para cambiar la forma en que se conducen los negocios en Wall Street. La enmienda busca resolver el que es considerado uno de los problemas más complejos de los mercados financieros: los emisores de bonos escogen las agencias calificadoras y pagan por las calificaciones, lo que significa que los ingresos de las agencias calificadoras dependen de las mismas firmas cuyos bonos se les solicita calificar.

En virtud de la nueva indicación, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, establecería y supervisaría un poderoso panel de calificación de créditos que actuaría como intermediario entre los emisores que buscan calificaciones y las agencias calificadoras. El panel seleccionaría cual de las agencias proveería "la calificación inicial" de ciertos valores conocidos como bonos estructurados.

Los críticos de la situación actual dicen que el modelo de "pago del emisor" causó calificaciones infladas en el auge del mercado de la vivienda, especialmente de valores garantizadas por hipotecas. Muchos bonos con calificación "AAA" terminaron siendo rebajados a "chatarra", lo que desató el caos en el sistema financiero. El Congreso ha criticado severamente a las agencias calificadoras por ser demasiado acogedores con los bancos que les generan negocios y estar demasiado enfocadas en la participación de mercado en vez de en el análisis independiente.

Un vocero de Standard & Poor's de McGraw-Hill Cos. dijo que el cambio podría dar a los inversionistas la impresión de que las calificaciones tienen la aprobación del Gobierno. Además, "las agencias de crédito tendrán menos incentivos para competir entre ellas, innovar y mejorar sus modelos, criterios y metodologías", dijo el vocero Edward Sweeney de S&P. "Esto podría derivar en opiniones más homogéneas sobre las calificaciones".

Un vocero de Fitch Ratings, filial de Fimalac SA, señaló: "Los actores del mercado podrían poner en duda si la legislación que podría derivar en transacciones con una sola calificación, asignada de manera aleatoria, es coherente con los recientes esfuerzos reguladores para promover la competencia en el mercado de calificaciones y con el concepto de mayor diversidad de opiniones de crédito en el mercado".

Por su parte, Moody's Investors Service indicó que "apoya el objetivo de aumentar la transparencia y la responsabilidad del proceso de calificación". Un vocero de Moody's agregó: "Estamos esperanzados en cuanto a que la legislación final logrará esos fines al tiempo que evitará consecuencias involuntarias para los actores del mercado".