La ONU aprobó una resolución para regular las reestructuraciones de deudas soberanas. A pesar de la alegría mostrada por la presidenta Fernández de Kirchner, el reloj sigue corriendo para Argentina.
Cristina Fernández de Kirchner celebra la decisión de la ONU. La semana pasada la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de una resolución que fija principios básicos en procesos de reestructuración de deuda soberana.
“Este proceso culmina con esta exitosa votación”, dijo la Presidenta de Argentina en un mensaje transmitido en la televisión nacional. Y añadió: “Esto es obra de lo que le sucedió a los argentinos”, dijo en referencia al litigio entablado en tribunales de Nueva York por fondos de inversión especulativos, los también conocidos como “fondos buitre”.
El problema viene de largo. Varios acreedores demandaron a Argentina por los recortes aplicados a los bonos –por valor de 1.330 millones de euros, y en mora desde finales de 2001- que no ingresaron a las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Como consecuencia, el juez estadounidense Thomas Griesa falló en contra de Argentina el año pasado y ordenó pagar a los “fondos buitre”.
Con la intención de revertir la sentencia, el gobierno argentino recurrió a los organismos internacionales alegando que esta sentencia ponía en riesgo toda la reestructuración de su deuda por una minoría de acreedores que no aceptó los canjes de 2005 y 2010. Ahora, el Gobierno celebra la resolución de la ONU.
Intenciones políticas. “Para el tema de la deuda no tiene ningún impacto real”, explica Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF de Buenos Aires. “La dificultad que puede generar es puramente interna. El primer punto es que esta resolución de la ONU no es vinculante en ningún aspecto. Por tanto, los países no tienen la obligación de hacer nada. Tampoco aquellos bajo cuya legislación está la deuda argentina. La ONU no puede modificar legislaciones nacionales. Además, la resolución tampoco es retroactiva”, aclara Spotorno.
Según el economista, el gobierno de Fernández de Kirchner estaría tratando de sacar dividendos políticos de la resolución. A pesar de la teórica victoria que se adjudicó ayer el ejecutivo argentino, parece que la urgencia por llegar a un acuerdo con los acreedores es acuciante.
Problemas comerciales. El país sufre restricciones de divisas muy importantes. La mayor parte de las exportaciones de Argentina son productos o derivados agropecuarios. Hace meses que los precios de estos productos caen de manera muy importante. Además, el principal cliente de este tipo de mercancías industriales es Brasil, cuya economía se ha devaluado más de un 70 por ciento en el último año y sufre la peor recesión de los últimos 24 años.
Ante esta situación, las exportaciones argentinas siguen cayendo. Todos sus clientes tienen problemas y los precios de los commodities –mercancías- están bajando. Teniendo en cuenta que Argentina no tiene acceso al mercado internacional de crédito, tiene que resolver esta situación de alguna manera, concluye Spotorno. “Bajo esas condiciones, el Gobierno que viene va a estar muy estimulado a acceder al mercado internacional de crédito. Creo que tardarán entre 9 y 12 meses en solucionar el conflicto”.
