La batalla por el cobro de los bonos agrarios peruanos continúa. El Ministerio de Economía y Finanzas ha iniciado un procedimiento para pagar la deuda. Sin embargo, este no parece contentar a las agrupaciones de bonistas que miran al exterior en busca de un monto superior al establecido por el gobierno.
A principios de febrero pasado al buzón del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llegó una notificación cuyo arribo había sido vaticinado en numerosas ocasiones en los últimos meses. La misiva llegaba desde Nueva York y el remitente era la firma de abogados Debevoise & Plimpton. El asunto: posiblemente uno de los dolores de cabeza más fuertes del Ejecutivo peruano de las últimas décadas, la deuda agraria. En la carta, el fondo de inversión Gramercy notificaba al gobierno peruano su intención de iniciar un arbitraje al amparo del acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y el Perú, por nada más y nada menos que US$1.300 millones, y denunciaba la violación del tratado de libre comercio (TLC). Una página más en la novela en la que se ha convertido el litigio entre los bonistas de la deuda agraria peruana y el Estado, y a la que parecen quedar aún muchas partes. Pasen y vean.
Gramercy es uno de los propietarios de los bonos agrarios emitidos por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado en 1969 tras la expropiación de tierras a lo largo de todo el territorio. En su caso comprados en 2006, según asegura el fondo, con la ley que permite la libre transferencia de estos títulos bajo el brazo, y a través de la negociación con vendedores peruanos que no veían la voluntad de un pago justo por parte del Ejecutivo. Se dice que actualmente hay más de quinientos bonistas, sin embargo nadie parece saber a ciencia cierta quiénes están detrás de estos títulos.
Según indica el Ministerio de Agricultura y Riego en su página web, en diez años se expropiaron 15.826 fundos con un total de 9,06 millones de hectáreas de tierras. A cambio se emitieron bonos de veinte a treinta años en soles de oro [la moneda de la época], con los que el gobierno reconocía entre el 10% y el 20% de su valor en ese momento, según Mario Seoane, vocero de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA).
La crisis peruana de esa década, con cambios de moneda, devaluación e hiperinflación de por medio, redujo el valor de estos a su mínima expresión. Como consecuencia un sol de oro equivaldría hoy a la más que discreta cifra de 0,00000001 nuevos soles, detalla la Alianza por el Pago Justo de los Bonos Agrarios (APJ).
Los miembros del ABDA y de la APJ (dos de las tres organizaciones que agrupan a los bonistas peruanos) aseguran que desde entonces los distintos gobiernos les indicaron que como las arcas del Estado estaban tiritando era imposible cualquier compensación por sus bonos. Sin embargo, en 2001 el Tribunal Constitucional (TC) dictaminó que la Constitución peruana obligaba al gobierno a pagar los bonos agrarios a valor presente.
“A partir de entonces, el gobierno de Valentín Paniagua dijo que lo aceptaba, pero los sucesivos gobiernos aseguraron que para cobrar a valor presente había que demandarlos. En la demanda, los representantes del gobierno esgrimían todo tipo de estrategias para bloquear el pago actualizado”, explica Mario Seoane.
Carmen Desescovi, bonista a cuya madre y tíos expropiaron su hacienda en Hualcará, Cañete, explica que tras el dictamen del Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones en su familia han sentido que el pago de la deuda estaba próximo. Sin embargo, a lo largo de la última década no han hecho más que tratar con intermediarios que les aseguraban que se les iba a pagar, cuando en realidad no era así. “Ahora estoy un poquito ilusionada”, reconoce, no obstante, mientras de fondo su hija, Carmen también, comenta que aunque siempre le pasa parece ser diferente esta vez. Pero ¿qué ha pasado en los últimos meses para ello?
En octubre de 2015, en el marco de la celebración de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Lima, la APJ iniciaba una campaña mediática que llevó el tema de la deuda agraria a las páginas de los diarios locales, y el ABDA le enviaba una carta al Ministerio de Economía y Finanzas para reclamar por el pago de los bonos. En enero, además, el Wall Street Journal sacó a colación la problemática y advertía que Gramercy estaba moviendo sus fichas para presionar al gobierno peruano con el mismo fin. El anuncio de la notificación del fondo de inversión al Ministerio peruano, por otro lado, ha añadido más leña al fuego.
En el campo del MEF
Casi todas las miradas por la deuda agraria se dirigen hoy al Ministerio de Economía y Finanzas, al que en 2013 el Tribunal Constitucional peruano encargó el pago de la deuda, cuyo método inició una nueva polémica. “El TC indicó que la forma de actualización de los bonos debía ser la dolarización y fijó unos criterios generales”, explica Luis Bedoya, socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano y representante legal del ABDA. En el plazo previsto por el TC, el MEF, en aquel entonces conducido por Luis Miguel Castilla, estableció la fórmula de pago, que no gustó nada a los bonistas.
“El gobierno nos ha estafado”, asevera Augusto Pretel, que a sus 76 años es uno de los bonistas más activos de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria. Tanto esta organización como la Alianza (en la que se incluye Gramercy) y el ABDA insisten en que la fórmula establecida por el MEF es errónea y ha sido elaborada para licuar al máximo la deuda.
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El economista Ítalo Muñoz, quien realizó un estudio sobre la fórmula junto con su par Iván Alonso, detalla algunas de las razones. “Tiene un error matemático que aumenta el tipo de cambio; por otro lado, el tipo de cambio de paridad establecido es de 25 a 300 veces más alto que el oficial de la época en el Perú y 200 veces superior al del mercado paralelo de entonces”, dice Muñoz. Y tras convertir los soles de oro en dólares y llevarlos a valor presente, el MEF –explica el economista– aplica los intereses de las tasas de los bonos del tesoro a corto plazo, a pesar de que es una deuda a largo plazo, cuyos intereses son 1,4% más altos. Los intereses, asimismo, se pagarían solo hasta 2013. Pero ¿cómo afecta esto al valor de los bonos?
Augusto Pretel responde y explica que por las 1.626 hectáreas que su familia tenía en Áncash, con la fórmula el Estado tendría que pagarle S/ 1.626 (US$461,1), 1 sol (US$0,28) por cada una, mientras que él reclama que su valor debería ser S/ 10.000 (US$2.836,3) por hectárea (teniendo en cuenta su valor actual) y que lo que se le adeuda supera los S/ 16 millones (US$4,5 millones).
En el otro lado del conflicto, el MEF, en declaraciones a AméricaEconomía asegura haber establecido de conformidad con el mandato del TC un procedimiento razonable y transparente para el pago de los bonos de la deuda agraria, que ya ha iniciado mediante el registro de tenedores, que hoy está disponible para los bonistas.
Germán Alarco, economista y catedrático de la Universidad del Pacífico, lo secunda. “La argumentación y el fallo del TC es correcta. Los títulos pendientes de pago, luego de ser validados se valúan al tipo de cambio de su fecha de emisión y luego se actualizan con la tasa nominal de interés internacional. Es un buen método. Se desechó la actualización vía índice de precios al consumidor (IPC) porque no era razonable”, explica.
Para Alarco, ex viceministro de Economía, que las asociaciones de bonistas hablen del precio promedio actual por hectárea está fuera de foco y toda pretensión por encima de lo reglamentado por el gobierno es ilegal y usurera.
Cuando finalice el registro de los bonistas por parte del MEF, este tiene previsto aplicar la metodología de actualización y determinar la forma de pago de los bonos, para lo cual prevé aprobar un decreto supremo de implementación. Cuándo se hará efectivo el pago, no obstante, se desconoce todavía.
¿Default selectivo?
Los bonistas consultados aseguran que la deuda agraria total que debería pagar el Estado asciende a alrededor de US$5.000 millones teniendo en cuenta el valor de los bonos actualizados, y que el Estado peruano puede pagar. Y el MEF, aunque en parte (porque difieren respecto del monto), confirma lo segundo. “El Perú está en capacidad de atender el pago de la deuda agraria”, dice el Ministerio, que recalca empero, “conforme a los procedimientos legalmente establecidos”. La institución incluso asegura tener previstas distintas formas y modalidades de pago, como efectivo, bonos soberanos o entrega de tierras.
No obstante, que el gobierno no quiera pagar por el valor estimado por los tenedores de bonos, para la APJ y el ABDA puede afectar el riesgo país y su imagen en el exterior. “El Estado se expone a que le encarezcan el crédito y las consecuencias legales que se derivan son cada vez mayores”, dice Luis Bedoya, quien recuerda que HR Ratings en octubre de 2015 dio a los bonos agrarios la más baja calificación crediticia a escala global.
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Para Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, el impago se trata sin duda de un default selectivo, y como consecuencia la deuda soberana cuesta tres puntos más por cada año. Y añade: “El declive fiscal en el Perú en los últimos años ha sido severo, pero ahora es el peor momento del mundo para tener deuda cara. Un ministro de Economía decente debería sentarse con los acreedores y emitir un buen bono a treinta años”.
Para Germán Alarco como el procedimiento de reconocimiento de títulos y registro ya se está realizando, es totalmente falso que se afecte a la imagen del país.
“Los mercados de capitales globales entienden que el Perú es un país estable y responsable que cumple con el pago de sus obligaciones, de acuerdo con el marco legal vigente”, insiste el MEF.
Moody’s, por su parte, en un informe publicado en diciembre de 2015 con preguntas y respuestas sobre los bonos, asegura que las disputas actuales sobre los bonos no afectan ni la capacidad ni la disposición del Perú de mantenerse al día con su deuda en los mercados local y extranjero.
Ring exterior
Para Carlos Adrianzén, la fórmula del MEF es indefendible y cualquiera que litigue en cualquier lugar del mundo al respecto va a ganar. “Hay ‘carne’ para ganar en cualquier lugar del mundo, y lo peor sería que lo perdamos al estilo Argentina”, dice.
La disputa en los últimos meses ha adquirido tintes internacionales, y no solo por la notificación de Gramercy. El ABDA ha presentado una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y espera abrir una causa contra el Estado peruano en esta. “En abril de 2015 acudimos con una serie de estudios y análisis al TC, y este nos contestó que era prematuro ver el tema. Teniendo en cuenta que llevamos 43 años persiguiendo el pago de la deuda, nos pareció una burla y consideramos que la instancia nacional ya había concluido”, explica Mario Seoane.
El abogado y bonista asegura estar convencido de que los bonistas en esta instancia tendrán un mejor trato que en el TC y que en su caso se podría aplicar el mismo criterio que en el caso de Salvador Chiriboga, que denunció ante esta corte al Estado ecuatoriano por la expropiación de un terreno, y ganó.
“Nos ayuda también que haya otros países que iniciaron la reforma agraria por los mismos principios, como Chile o Nicaragua”, añade Seoane. En Chile –explica el abogado– el país valorizó la reforma agraria casi al mismo precio que en el Perú (por un máximo del 20% del valor de las tierras), pero el bono chileno tiene aceptación internacional, y es un instrumento de inversión que se actualiza con el IPC y paga intereses.
De acuerdo con su ley de bonos estatales, Nicaragua puso en circulación en 1993 los denominados bonos de pago por indemnización (BPI) como reconocimiento de su deuda y ya ha emitido más de US$1.300 millones. Se transan en la bolsa del país, donde se espera que permanezcan alrededor de 15 años más.
Paralelamente, a nivel local, prosigue un litigio local en el juzgado penal de Lima por la adulteración de la resolución que el Tribunal Constitucional emitió sobre el método de pago de los bonos y que los bonistas insisten en que fue adulterado con liquid paper. Aun con el procedimiento del MEF, el Estado peruano parece tener ante sí entonces múltiples frentes legales respecto de la deuda agraria. El resultado de las próximas elecciones podría cambiar el curso de la polémica. En el caso de que la posición del Estado se mantenga, no obstante, todo apunta a que este necesitará múltiples asesores legales y altas dosis de ibuprofeno.
