El Estado argentino enfrenta miles de demandas de los pensionados del país por sus bajos beneficios de retiro. En medio de la creciente batalla judicial está el dilema de usar o no el dinero de la agencia de pensiones estatal Anses como fuente de financiamiento.

Buenos Aires. Juan Carlos Silva, de 81 años, dice que el gobierno argentino quiere que los retirados como él se mueran antes de que haya que subirle las pensiones.

Silva es uno de cientos de miles de jubilados que están demandando al Estado por sus bajos beneficios de retiro, que no se han mantenido en línea con la inflación.

En medio de la creciente batalla judicial está en juego la capacidad del gobierno de continuar utilizando el dinero de la agencia de pensiones estatal Anses como fuente de financiamiento.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha utilizado a la Anses para financiar desde computadoras portátiles para las escuelas hasta para el mismo Tesoro después de que estatizó el sistema de pensiones en el 2008.

Los críticos dicen que el fuerte gasto se hace a costa de los pensionados, para quienes se creó el sistema.

Si la Corte Suprema ordena que se otorguen mayores beneficios para millones de retirados, el superávit primario del gobierno desaparecería. Las autoridades correrían el riesgo de enojar a los votantes con recortes de gastos o tratar de regresar al mercado internacional de deuda tras casi una década de ausencia.

Las advertencias del gobierno son más graves. Dice que un fallo de esa clase podría agotar las finanzas estatales apenas diez años después de una devastadora crisis económica.

La Corte, reconocida como independiente, ha emitido fallos en el pasado en favor de los pensionados. Algunos observadores ven a la Corte ordenando un ajuste de pensiones que no sería tan catastrófico para el Estado.

Esta posiblemente histórica decisión no sucedería antes de las elecciones presidenciales de octubre, en la que se espera que Fernández se postule. Pero para jubilados como Silva, el aumento debería llegar lo más pronto posible.

"Hace seis años inicié el juicio, pero todavía no sé cuando voy a cobrar. Menos mal que uno tiene un resguardo y va soportando, pero con la inflación del 25% que tenemos, dentro de dos o tres años no sé si voy a tener todavía resguardo", dijo Silva, un contador retirado.

"Ellos apelan y lo hacen alargar hasta que la gente se vaya muriendo", agregó.

El sistema de justicia argentino está literalmente colapsado por el peso de la cantidad de casos contra la Anses. Las voluminosas demandas judiciales amenazaron con quebrar los techos de los tribunales de seguridad social el 2010, situación que obligó a tomar un receso de tres semanas.

Fernández se enorgullece de haber expandido la cobertura de pensiones para incluir a otros dos millones de argentinos al sistema. Ella y su fallecido esposo y predecesor, Néstor Kirchner, también aumentaron la pensión básica.

La Anses tiene mucho dinero gracias al crecimiento económico y a las fuertes ganancias en los mercados locales tras la crisis financiera global.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses creció casi un 85% hasta unos 183.000 millones de pesos (US$43.000 millones) desde diciembre del 2008, cuando el Estado tomó el control de las pensiones privadas.

Pero el uso de los fondos tiene límites.

Economistas dicen que el gobierno usa a la Anses como una vaca lechera, vendiendo deuda directamente a la agencia para evitar mayores tasas en el mercado y calculando sus ganancias como ingresos para impulsar el superávit primario.

La Anses transfirió 8.600 millones de pesos al Tesoro en el 2010, lo que significó aproximadamente un tercio del superávit primario del Gobierno ese año, según datos oficiales.

La Corte Suprema podría ordenar al gobierno que aumente los pagos a pensionados cuyos beneficios quedaron relegados a principios de 1990 y nuevamente entre el 2002 y principios del 2009, cuando entró en vigencia una nueva fórmula para ajustar los pagos.

Esto podría costarle al Estado aproximadamente 16.000 millones de pesos por año (US$3.832 millones), más un monto adicional indeterminado por deuda retroactiva, de acuerdo con cálculos del Congreso.

¿Acecha bancarrota al estilo de 1980? Kirchner lanzó el modelo económico actual en el 2003, priorizando el alto crecimiento y el superávit comercial y primario.

Fernández optó por continuar la reducción de la deuda pública, pero en los últimos dos años comenzó a depender de medidas no ortodoxas como el uso de ganancias del Banco Central y de la Anses para mantener el régimen superavitario.

Su gobierno tiene una fuerte tendencia intervencionista y gasta mucho dinero para impulsar la demanda doméstica y el crecimiento del empleo.

El 2010 vetó una ley para aumentar el límite de pensiones y los beneficios que estaban en línea con dos fallos previos de la Corte Suprema. Dijo que tales medidas quebrarían al Estado y lo consideró una jugada política de sus opositores.

Diego Bossio, presidente de la Anses, admitió que su agencia apela los fallos de la justicia porque no tiene los recursos para pagarlos. Dijo que un nuevo fallo de la Corte Suprema forzando mayores beneficios sería catastrófico.

"Podría generar en definitiva un quiebre del sistema, un desfinanciamiento del Estado, como ya ocurrió en la Argentina a fines de la década de los ochenta", dijo Bossio a Reuters.

El ex presidente Raúl Alfonsín no terminó su mandato y entregó el poder antes de tiempo por una hiperinflación que generó caos en la economía en 1989.

Legisladores de la oposición y defensores de pensionados insisten en que hay suficiente dinero para mejorar los beneficios de retiro, alegando que es una cuestión de prioridades.

Al apoyarse en la Anses, el gobierno ha logrado mantener el gasto en programas costosos pero políticamente populares.

"No es una caja del Gobierno, le pertenece a los jubilados", dijo la legisladora opositora Fernanda Reyes, miembro del comité que supervisa las inversiones de la Anses.

Nos olvidamos siempre de dónde se generan esos recursos y para quiénes son", agregó.

Hace dos semanas, la Corte Suprema dio a la Anses 30 días para que presentara una exhaustiva lista de demandas pendientes para evaluar cuánto costaría la resolución, en el contexto de una demanda colectiva presentada por la oficina nacional de defensoría del pueblo.

La Anses reportó previamente que pagó a los pensionados 8.700 millones de pesos entre el 2003 y el 2010 para cumplir con casi 200.000 fallos judiciales. Más de 400.000 casos continúan pendientes.