"Desde nuestro punto de vista, el compromiso de España para seguir implementando una completa agenda de reformas fiscales y estructurales sigue siendo elevado", dijo la agencia.

Madrid. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's confirmó este miércoles el rating soberano de España en "BBB+/A-2" por el firme compromiso del país con el ajuste económico y fiscal, aunque mantuvo la perspectiva de la calificación en negativa por riesgos subyacentes.

"Desde nuestro punto de vista, el compromiso de España para seguir implementando una completa agenda de reformas fiscales y estructurales sigue siendo elevado", dijo la agencia en una nota tras anunciar que mantenía su calificación a largo plazo tres escalones por encima del considerado "grado especulativo".

En todo caso, la agencia mantuvo en "negativa" la perspectiva del rating por su "visión de los múltiples riesgos que implica el reequilibrio económico de España, la potencial aparición de nuevos pasivos contingentes, y la efectividad de las políticas de la eurozona para estabilizar los mercados financieros".

S&P menciona la estabilidad política y las reformas fiscales y estructurales emprendidas y destaca el ajuste de la demanda interna hacia la externa como demuestran las exportaciones, que deberían mantenerse firmes mientras la demanda externa no se resienta.

No obstante, el rápido cambio en la orientación económica ha provocado una disminución de los ingresos tributarios que han desviado al país de los objetivos de déficit. La agencia considera probable una mayor contracción del consumo y la inversión que puede provocar una "ligera" desviación en el objetivo de reducir el déficit al 6,3% del PIB en 2012.

"Esta prolongada debilidad de la demanda podría seguir poniendo en riesgo el ambicioso objetivo fiscal del 6,3% del PIB en 2012 (frente al 8,9% del PIB en 2011), especialmente por la importancia de la recaudación de impuestos indirectos", señaló S&P.

En todo caso, opina que "el déficit sólo caerá por debajo del 4% en 2015" y reconoce un riesgo de desviación superior entre 2012 y 2013 fundamentalmente por la disciplina fiscal de las autonomías.

En este sentido, los analistas de S&P consideran que el mecanismo de liquidez regional establecido por el Gobierno este mes, con una dotación máxima de 18.000 millones de euros, no cambia las perspectivas de rating ya que la agencia tenía en cuenta la deuda y el déficit de las regiones en su evaluación soberana y espera que las regiones también tengan que acudir el año próximo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

"Teniendo en cuenta los elevados vencimientos de deuda a los que muchas regiones tendrán que hacer frente el próximo año, es probable que el FLA también requiera líneas para 2013".

En todo caso, estima que las calificaciones "sí estarían influenciadas por cualquier importante o persistente desviación presupuestaria de las regiones en relación a sus objetivos de consolidación".

En su escenario de estudio, S&P proyecta que los préstamos públicos a los bancos serán finalmente mutualizados entre todos los Estados de la eurozona y que, "en consecuencia, la deuda neta pública de España se mantendrá por debajo del 80 por ciento del PIB después de 2015".

"Nuestro escenario base es que durante este periodo de intensa reducción de las necesidades de financiación netas del sector público y privado, España seguirá recibiendo el apoyo, incluida financiación, de sus socios europeos y del Banco Central Europeo", señala S&P para tanto España como otros países en dificultades necesitan una implementación ágil de los acuerdos europeos.

"España y otros países de la eurozona que están recibiendo ayudas públicas son vulnerables a los retrasos o contratiempos en los planes de la eurozona para reunir suficientes recursos comunes que permitan respaldar el apoyo financiero a los Estados, crear una unión bancaria con un solo regulador y un marco de resolución común antes de finales de 2012, y avanzar hacia una mayor integración fiscal", señala.

"Estamos de acuerdo con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cuando dijo el pasado 26 de julio que la fragmentación en la financiación dentro de la zona euro es uno de los problemas económicos más importantes de la Unión. Desde nuestro punto de vista, si esta fragmentación no se invierte, la economía española podría contraerse bruscamente, el desempleo aumentaría todavía más, la cohesión social se desvanecería y las reformas se estancarían o darían marcha atrás".