Objetivos como volver al superávit fiscal, colocar acento en lo productivo y contener el repunte inflacionario así como la devaluación del peso, son parte de los puntos destacados por los analistas, en un contexto recesivo y de profunda incertidumbre acerca del devenir político.
Buenos Aires. A dos semanas de celebrarse en Argentina las elecciones generales, varios analistas de ese país deliberan sobre los asuntos que deberán concentrar la mayor atención de la próxima administración que conducirá el país durante el período 2019-2023.
Objetivos como volver al superávit fiscal, colocar acento en lo productivo y contener el repunte inflacionario así como la devaluación del peso, son parte de los puntos destacados por los analistas y articulistas de la prensa local, en un contexto recesivo y de profunda incertidumbre acerca del devenir político.
Un artículo del sitio web de noticias argentino Infobae refiere que para que el país sudamericano salga de la recesión deberá "recuperar el acceso al financiamiento internacional", lo cual implica, a su vez, que logre un superávit fiscal primario, y revierta el déficit profundizado en los últimos ocho años de manera definitiva.
Este objetivo será también necesario, según el portal, para que el país pueda acceder al resto del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), considerando que restan aprobar y trasladar a las cuentas argentinas más de US$10.000 millones contempladas en el Acuerdo Stand-by de acceso elevado cuya suma total es de US$56.300 millones.
"Para reanudar los desembolsos, primero el Gobierno deberá presentar un plan 'sostenible'; y en el primer renglón de ese plan deberá aparecer un compromiso para llegar rápido al superávit", refirió el artículo.
Este propósito de revertir el rojo fiscal será ineludible, independientemente de la fórmula de Gobierno que resulte electa en los venideros comicios, concluyó el portal.
"Por supuesto que la agenda del Gobierno que asuma el 10 de diciembre va mucho más allá de los "fríos números fiscales", agregó el texto.
"Habrá que resolver cómo siguen los controles cambiarios, qué se hace con el congelamiento de tarifas de servicios públicos y de las naftas, darle contenido a un Pacto Social y evitar una nueva devaluación que le pondría más presión a la inflación", continuó.
El aumento en los niveles de pobreza e indigencia, que en el caso de la primera aumentó a 35,4% y respecto a la segunda se incrementó a más de 7%, también es otro punto aludido por los analistas.
La fuerte devaluación del peso y su posterior traslado a precios de los bienes y servicios se vilumbra como la causa principal del aumento de estos indicadores, aún cuando se hayan incrementado las asignaciones de asistencia social, apuntó el periodista económico argentino Guillermo Kohan.
"Allí está la razón, el déficit, la inflación, las devaluaciones, por la cual en la Argentina hay cada vez más pobres e indigentes, a pesar de que cada vez hay más Estado, más impuestos, más planes y más gerentes de planes contra la pobreza y la indigencia", señaló Kohan en su columna en el diario local El Cronista.
Al mismo tiempo aludió a la alta carga impositiva que está en el país como causa del aumento en los precios, y en consecuencia, el incremento en los índices de pobreza.
Por otra parte, el vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), Pedro Reyna, sostiene que revertir la crisis implica no limitarse a lo estrictamente vinculado a precios y salarios, sino en un necesario repunte de la actividad productiva y de la competitividad, puntos que deben ser incorporados en discusiones dentro del sector productivo.
Argentina tendrá elecciones el próximo 27 de octubre, fecha en la que se definirá el nuevo curso político del país en medio de un contexto recesivo, de alta incertidumbre financiera y alta inflación.
El país sudamericano enfrenta una recesión económica desde mediados del 2018 que se acentuó con la reciente devaluación del peso frente al dólar de más de 30% sólo durante el mes de agosto pasado.
Los comicios generales serán clave para determinar qué camino tomará Argentina frente a su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los acreedores privados, el sector exportador y la sociedad en general, teniendo en cuenta la posibilidad de que se promuevan reformas estructurales en áreas como la tributaria, previsional y laboral.
