Pablo Felipe Robledo asegura que el Gobierno presentará un proyecto de ley con el que la entidad podrá imputar cargos ante un juez en los casos de cartelización en licitaciones públicas y tocar el patrimonio de las empresas que no cumplan la ley.

Con el fin de fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que se ha encargado de desenmascarar a las empresas que, entre otras, se han cartelizado e irrespetado la libre competencia, el Gobierno presentará un proyecto de ley que le permitirá tocar el patrimonio o las utilidades de los infractores y de allí garantizar el pago de multas millonarias.

Pablo Felipe Robledo, quien dirige la Superintendencia, asegura que esta medida fortalecerá a la SIC, entidad criticada por sus contradictores, quienes dicen que desde allí se anuncian investigaciones a los carteles empresariales que fijan precios contra los intereses de los consumidores, pero que pocos resultados concretos se tienen a la hora de multarlos.

-Hay comentarios sobre su gestión en el sentido de que sólo se abren pliegos de cargos pero nunca llegan las sanciones...

-La gente critica sin averiguar y habla sin saber. Cuando uno impone una sanción, empiezan a decir que lo único que uno hace es sancionar, pero cuando uno formula pliego de cargos, entonces dicen que solo se formulan pliegos de cargos. Mientras he sido superintendente se han impuesto las multas más importantes de la historia. Si algo hemos hecho en los últimos años, es sancionar.

-¿De qué depende la celeridad en los procesos?

-Hay muchas personas que intervienen en un proceso, por ejemplo, en el presunto cartel de los pañales hay cinco empresas productoras y 44 personas naturales. Entonces es una investigación que involucra a casi 50 personas, donde hay una cantidad de abogados, de pruebas que las partes piden para defenderse. De lo que el país debe tener tranquilidad es que el superintendente tendrá que, tarde o temprano, decir si existe o no un cartel.

-¿Qué porcentaje de los procesos terminan en sanciones?

-No hay una cifra estadística, pero son muchísimos. Aunque en un altísimo porcentaje los procesos en que hay pliego de cargos y sanción terminan con exoneración y eso es natural, porque una entidad seria, cuando se atreve a llevar a cabo este proceso, es porque tiene pruebas y argumentos para atreverse a imputarle a un empresario haber violado alguna norma.

-¿Eran laxas las normas?

-Las investigaciones terminaban en una figura que se llama la aceptación de garantías que es, más o menos, el compromiso de no volver a hacerlo, sin ninguna sanción. Desde que soy superintendente he recibido más de 40 solicitudes de este tipo y no he dado ninguna. La regla hasta hoy es que cuando imputamos cargos, exoneramos o sancionamos. Sin embargo, necesitamos mayor capacidad sancionatoria y para eso el Gobierno va a presentar un proyecto de ley que ayude a mejorar lo que hoy tenemos bueno.

-¿Qué alcances le daría esa ley?

-Además de hacer algunos ajustes a las normas de procedimiento, lo más importante de ese proyecto es que primero aumenta la capacidad sancionatoria para quienes infrinjan la libre competencia. Para algunas empresas, las sanciones económicas son irrisorias e insignificantes. Eso lo han entendido la Unión Europea y Estados Unidos, donde hay normas para quienes infrinjan la libre competencia que no están basadas en una suma nominativa máxima. Los castigos están basados en unos porcentajes máximos sobre el patrimonio, las utilidades operacionales e ingresos operacionales. De esa manera, la autoridad elige el criterio más adecuado para castigar, incluso, a la empresa más poderosa del mundo.

-¿Cómo van a impedir que se sigan conformando carteles?

-La “cartelización” empresarial en Colombia y en Europa no es una infracción penal que puede generar pena privativa de la libertad, sino una infracción grave administrativa, con lo que coincido, pero la “cartelización” en licitaciones públicas es un delito penal porque están en juego recursos del erario. Existen, y así lo ha reconocido la Fiscalía, grandes delitos económicos en los que hay problemas para que el ente investigador pueda formular imputaciones ante los jueces. Esta ley nos dará la posibilidad de ejercer la acción penal en procesos por “cartelización” en licitaciones públicas y en un futuro podríamos hacer imputación de cargos ante un juez y no exclusivamente recurrir a la Fiscalía para ese proceso. Con esto le daremos celeridad y podremos meter a la cárcel a los empresarios que no solo se “cartelicen” sino que además lo hagan dentro de una licitación pública.

-¿Van a aumentar las sanciones?

-No podría decirle, porque la imposición de sanciones no es un propósito. No queremos que se incrementen y que uno esté todos los días tratando de cumplir metas. Sería una entidad perversa si tuviera como objetivo superar los montos. La imposición de sanciones por violar las normas es mala noticia para el país, pero peor sería que nadie investigara.

-Pero el aumento en el monto de las sanciones impuestas por usted con respecto a la de sus predecesores es inmenso y sigue la tendencia.

-Usted podría pensar, por ejemplo, que en 2014 se impusieron sanciones por $217 mil millones y en 2009 por $7 mil millones, entonces hoy los empresarios violan más las leyes. Esa es una lectura equivocada, ello lo que quiere decir es que hace cinco años la SIC no le cogía la huella a un tractor en la playa. Nosotros no sancionamos por sancionar, sino que esperamos que esto envíe un mensaje de política pública a los empresarios y consumidores para que todo el mundo se concientice de que será más tranquilo cumplir con la ley.