Cuando se exigió desde España la liberación de los presos políticos venezolanos, el presidente Nicolás Maduro amenazó a Madrid con represalias cuyos detalles todavía no se conocen. ¿Es viable un “ojo por ojo” económico?

Caracas y Madrid no han dejado de hacerse mutuos reproches desde este martes (14.4.2015), cuando buena parte de los diputados españoles le exigió al estamento chavista que liberara a los ciudadanos detenidos arbitrariamente por razones políticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió castigar la moción “injerencista” de los congresistas ibéricos con medidas de diversa índole. A la espera de detalles, no son pocos los que se preguntan si un “ojo por ojo” de carácter económico es viable.

“En este momento me es difícil imaginar lo que Maduro puede hacer concretamente para vulnerar aún más los intereses económicos de España en Venezuela. Y es que, aún sin las represalias de Maduro, las empresas españolas ya están perdiendo millones de euros en ese país. Como muestra, un botón: tras la última devaluación de la moneda venezolana, el grupo hotelero Meliá reportó pérdidas inmensas”, comenta Ana Soliz de Stange, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo.

El fantasma de la expropiación. ¿Puede Maduro optar por la expropiación de activos españoles? “Pese a los conflictos de vieja data que signan la relación hispano-venezolana, la integridad de las inversiones españolas ha sido respetada hasta ahora y, por eso, muchos empresarios ibéricos se han abstenido de abandonar el país sudamericano. No ha muerto la esperanza de que su paciencia se vea recompensada con oportunidades de negocios rentables”, explica la investigadora, enfatizando que muchas compañías españolas llevan décadas afincadas en Venezuela.

Considerando que los efectos de las políticas económicas y cambiarias chavistas que han sido considerados nocivos no son nuevos –dichas políticas ya habían sido implementadas durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013)–, muchos describirían la decisión empresarial de permanecer en Venezuela como una estrategia contraintuitiva, por no decir masoquista. Pero los inversionistas suelen cotejar hasta los riesgos más grandes –como el de ser expropiado por el Estado, por ejemplo– con los reveses y las perspectivas de ganancia que augura el salto de un país a otro.

La inversión española en Venezuela. “La primera respuesta a una situación difícil no puede ser la relocalización de un centro de operaciones; mudar la sucursal de una fábrica o una empresa es un proyecto muy costoso. En el caso que nos ocupa, Venezuela es un país rico en materias primas y tiene la gasolina más barata del mundo; esas son ventajas que siguen siendo relevantes para muchos”, sostiene Ferdinand Fichtner, quien lidera al grupo de expertos del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) especializado en crisis, pronósticos y políticas coyunturales.

Se han registrado voluntariamente 118 compañías españolas con sede en Venezuela ante el ministerio correspondiente en Madrid. El número es probablemente mayor, informa Cristina Expósito, del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Y Maduro está consciente de que el país bajo su mando necesita tanto las inversiones como las exportaciones españolas. ¿Por qué las ahuyenta, entonces, intensificando sus fricciones con el Gobierno de Mariano Rajoy y satanizando al sector privado en general con su verbo incendiario?

¿Poco más que retórica? “El Gobierno venezolano está ávido de inversiones y no puede darse el lujo de emprender acciones que restrinjan aún más la entrada de dinero a las arcas del Estado. A mi juicio, alzar la voz y decir que le dará la batalla a España con ‘respuestas integrales’ no es más que un ejercicio retórico que le permite a Maduro cohesionar al electorado cautivo del chavismo”, sostiene la especialista del GIGA, sugiriendo que hasta los insultos articulados contra los parlamentarios españoles estaban realmente dirigidos a la audiencia venezolana.

No obstante, el consejero delegado del ICEX, Francisco Garzón, alertó que el interés de los capitalistas españoles en incluir a Venezuela en sus planes de expansión había caído debido a la hostilidad del Gobierno chavista hacia el libre mercado y la actividad empresarial. Garzón citó el desplome del valor de las exportaciones españolas hacia el país caribeño –de 1.052 millones de euros en 2013 a 541 millones de euros en 2014–, atribuyéndolo a la sospecha de que filiales de compañías radicadas en Venezuela podían ser expropiadas.

De la palabra a los hechos. Esto apunta a que la sola palabra de un gobernante puede tener efectos tan tangibles como una orden ejecutiva punitiva. Este miércoles (15.4.2015), el Ministerio de Exteriores español se reunió con el embajador de Venezuela en Madrid para comunicarle su incomodidad con los pronunciamientos recientes de Maduro y Caracas imitó la moción, convocando al emisario de España. Aunque los analistas consultados intuyen que la discordia transatlántica no pasará de dimes y diretes, el temor a que este altercado trascienda el plano de la política simbólica no se disipa del todo.

Según reportes internos del Gobierno de Rajoy, los intereses en Venezuela de los grupos españoles –entre los cuales se encuentran Acciona, BBVA, Repsol y Telefónica– ascienden a 9.000 millones de euros. De ahí que el empresariado ibérico haya celebrado la fundación del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en Buenos Aires el pasado 19 de marzo, cuya meta es intervenir en la resolución de las controversias entre personas naturales o jurídicas de la Conferencia Iberoamericana, a la que pertenecen España y Venezuela.