En toda América Latina, los cambios constantes en temas de facturación e impuestos gubernamentales ponen a las empresas en riesgo fiscal. Por eso, no se pierda el webinar que realizará AméricaEconomía, en conjunto con Invoiceware Internacional, el próximo 6 de abril.

Los gobiernos en América Latina se están dando cuenta del gran retorno que están recibiendo por la implementación de los mandatos gubernamentales y que se traduce en un aumento de las contribuciones que reciben por impuestos, las multas por errores y las deducciones inválidas. El cumplimiento fiscal se ha ido formulando más allá de la presentación de los reportes fiscales y ahora incluye la factura electrónica en tiempo real junto con los reportes fiscales mensuales. 

Esta transición, a través de la automatización, le ha permitido a los gobiernos no solamente mover el proceso de las auditorías al principio de los procesos del negocio, sino que también les ha permitido implementar la validación de las deducciones de los impuestos sobre los grandes compradores corporativos en lugar de utilizar los recursos propios del gobierno.

Para las multinacionales, estos requisitos tienen implicaciones importantes sobre las deducciones de impuestos, la contabilidad de fin de mes, la transparencia del gobierno, la optimización del capital de trabajo y las inversiones en el ERP -todos los temas de las finanzas corporativas- pero su complejidad, sofisticación, y la velocidad de adopción de los gobiernos también están preparando el escenario para una completa reevaluación de las estrategias de los impuestos corporativos.

Para conocer más sobre estos aspectos, no se pierda el webinar que realizará AméricaEconomía, en conjunto con Invoiceware Internacional, el próximo 6 de abril.

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Latinoamérica maximiza los ingresos provenientes de los impuestos. A través del mandato de la facturación electrónica y de los reportes fiscales, los países en Latinoamérica están automatizando los procesos de recaudación de impuestos. Al exigir la estandarización de la facturación electrónica en forma XML en todas las transacciones de empresa a empresa, los gobiernos adquieren visibilidad de las obligaciones del IVA de todos los proveedores. Al verificar automáticamente estas facturas en XML en los reportes financieros y contables, los gobiernos se aseguran de que están recibiendo los pagos exactos provenientes de los impuestos.

Desde que Brasil implementó por primera vez la facturación electrónica en el 2008, la práctica se ha extendido rápidamente por toda la región y continúa expandiéndose.

De hecho, en los últimos dos años, los mandatos se han extendido de tres a diez países, y ahora afecta la contabilidad, la gestión de la cadena de suministro, las compras y los recursos humanos. Se espera que esta ola de regulación gubernamental continúe a través de los mercados emergentes y los países basados en el IVA en todo el mundo a medida que más y más gobiernos ven los beneficios obtenidos de los ingresos tributarios gracias a los esfuerzos gubernamentales.

No subestime los riesgos fiscales en Latinoamérica. Los mandatos de la facturación electrónica y de la contabilidad electrónica no son un asunto local –los errores y retrasos en el cumplimiento fiscal tienen un efecto dominó que impacta en las operaciones a nivel global, tanto desde la perspectiva de la cadena de suministro como de las finanzas.

Los riesgos incluyen: 

• Multas y sanciones que afectan directamente el negocio

• La suspensión de las operaciones, lo que altera la cadena de suministro, la fabricación y la distribución

• El riesgo de estar sujetas a auditorías gubernamentales 

• Impone ajustes fiscales y los correspondientes intereses punitorios

• Aumenta la transparencia y por ende la potencial denuncia por corrupción, abriendo la puerta para la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, o “FCPA”, por sus siglas en ingles)

Estos gobiernos imponen multas y sanciones por cada error individual y factura ausente -que pueden sumarse considerablemente, ya que algunos países exigen el archivo de las facturas durante diez años y utilizan identificadores alfanuméricos de 36+ dígitos que las hacen propensas a errores tipográficos. Además, muchos requieren que las facturas XML se acompañen en todos los camiones, actuando como un documento de envío.

Al requerir una copia de la factura que esté físicamente presente en el camión durante el transporte, la factura electrónica es tanto un problema de envío, como una cuestión financiera. Esto le permite a los gobiernos asegurarse de que lo que se mueve en las carreteras, tiene los impuestos recaudados. Si los errores de facturación o cualquier mal funcionamiento de TI menores previenen la transmisión o la impresión de la factura, las operaciones pueden ser cerradas por días. 

O, si una factura no está 100% exacta, los clientes no van a pagar, y a veces incluso rechazan los bienes haciendo que el camión sea devuelto desde la perspectiva del gobierno, el objetivo de estos mandatos legislativos es aumentar la transparencia en las transacciones corporativas. Cualquier error y discrepancia en la presentación de los reportes fiscales puede desencadenar automáticamente una auditoría gubernamental. Tales discrepancias también pueden ser señaladas como corrupción, señalizando una examinación bajo el FCPA.

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Estos riesgos no son teóricos. Algunos de los más grandes negocios en el mundo se han dado cuenta de los altos costos que acarrea el incumplimiento gubernamental fiscal. Por ejemplo, Kodak fue multado recientemente por un total de US$233 millones, incluyendo intereses de sanciones por infracciones en Brasil. Adicionalmente, Kodak está obligado a armar un fondo de garantía de US$16 millones, que afecta inmediatamente el flujo de caja de la empresa y la rentabilidad.

El aumento de la transparencia financiera de estos mandatos fiscales le proporciona al Departamento de Justicia y a la Comisión Nacional de Valores la prueba que necesitaban para imponer fuertes multas contra Hewlett-Packard, Tyson Foods y Eli Lilly. Colectivamente, estas empresas fueron penalizadas en más de US$142 millones en violación del FCPA en México, Brasil y otros países.

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