Con la reforma presidencial, la Asamblea Nacional perdió poder para influir en el nombramiento de los directores y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). El Ejecutivo también se reservó la posibilidad de mantener en secreto estadísticas oficiales.
Caracas. El máximo tribunal de Venezuela declaró el viernes nula una reforma de la ley que rige al Banco Central, tras considerar que los cambios que aprobó el renovado parlamento de mayoría opositora son inconstitucionales.
En una de sus primeras medidas, la bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) revirtió los cambios legales que el presidente Nicolás Maduro introdujo a la norma mediante un decreto promulgado poco después de que su Partido Socialista Unido (PSUV) perdió las elecciones parlamentarias de diciembre.
Con la reforma presidencial, la Asamblea Nacional perdió poder para influir en el nombramiento de los directores y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). El Ejecutivo también se reservó la posibilidad de mantener en secreto estadísticas oficiales.
El máximo tribunal argumentó en su fallo que la Asamblea "actuó con desviación de poder", consideraron que "la finalidad de la reforma es la de asegurar el control del Banco Central de Venezuela por parte del grupo parlamentario de la Asamblea Nacional, que actualmente ostenta la mayoría de los diputados que la integran, por encima del resto de los Poderes Públicos".
En la decisión, que lideró el magistrado Calixto Ortega, antiguo funcionario de Gobierno de Maduro, se precisó que los actuales directivos y el presidente del BCV "se mantendrán en pleno ejercicio de sus cargos" hasta que sean "sustituidos o designados nuevamente por el presidente".
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), difundida tarde el jueves, profundiza el conflicto entre los poderes públicos del país petrolero, al dejar sin efecto el trabajo del parlamento.
El Legislativo está trabajando en una reforma de la ley del Tribunal, que le permita aumentar el número de magistrados que lo integran, alegando que eso diluirá la influencia de los jueces que han mostrado simpatía por el Gobierno socialista.
