De acuerdo al asesor jurídico de la CNCS, la ley de inclusión financiera afecta "derechos de libertad de los ciudadanos, de cómo quieren realizar en definitiva sus transacciones y sus pagos".

Para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) la ley de inclusión financiera "afecta algunos derechos importantes". De hecho, su asesor jurídico, Juan Mailhos, se preguntó ayer en una actividad organizada por la gremial si para lograr que más personas accedan a servicios financieros y para estimular el uso de medios electrónicos de pago, "es necesario hacer todo esto obligatorio, es necesario establecer estos plazos". Así se refirió respecto al cronograma contemplado en los diferentes decretos que reglamentan la ley. Mailhos duda que el "cambio cultural" perseguido pueda lograrse a través de una norma.

De acuerdo al asesor jurídico de la CNCS, la ley de inclusión financiera afecta "derechos de libertad de los ciudadanos, de cómo quieren realizar en definitiva sus transacciones y sus pagos".

Asimismo, mencionó que también impacta sobre la "libertad de comercio", al obligar al empresario a pagar por nómina y "aceptar" dónde y cómo quiere cobrar el trabajador. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, la ley habilita que sea el empleado el que elija en qué institución quiere que su empleador le deposite sus retribuciones.

"De una manera indirecta, se está afectando el poder de dirección del empresario, porque en definitiva se le están poniendo las condiciones en las cuales tiene que hacer el pago de salarios o de los honorarios profesionales", sostuvo Mailhos.

En relación a los aspectos de la ley relativos a cómo se tendrán que realizar las compraventas de inmuebles, en tanto, Mailhos aseguró que "afectan los derechos de propiedad".

El dirigente de la gremial apuntó que la Constitución establece que los derechos solamente pueden ser limitados por "razones de interés general". La gran pregunta, prosiguió, es si detrás de la ley de inclusión financiera hay razones de este tipo o, por el contrario, "hay otro tipo razones", principalmente de índole fiscal.

Mailhos indicó que la gremial puede pensar en razones de otra índole que puedan estar detrás de esta ley. "Habrá que ver cómo evoluciona la incorporación de los ciudadanos y de las empresas a este sistema. Habrá que ver el cumplimiento de los plazos. Y habrá que ver si alguno no se rebela contra el sistema y establece algún tipo de accionamiento contra la ley. Eso está latente", manifestó.

El rol de la DGI. También criticó que sea la Dirección General Impositiva (DGI) la encargada de controlar que lo establecido en la ley y sus decretos posteriores se cumpla, porque "cualquiera que haya tenido un asunto con la impositiva sabrá de las incertidumbres y dificultades que al contribuyente le significa poder discutir una sanción o el monto de la misma con la administración tributaria".

El asesor jurídico de la CNCS también se detuvo en algunas de las sanciones previstas en caso de incumplimiento de los diferentes aspectos que contempla la ley.

El régimen de sanciones les preocupa, dijo, porque no se distingue entre incumplimientos de fondo y de forma.

El dirigente eligió terminar su participación con una pregunta: "¿Hay razones suficientes de interés general como para limitar estas libertades que tenemos todos como ciudadanos o como empresa, o aquí estamos confundiendo en definitiva el interés general con el interés del fisco?".