El objetivo es que eleven en un punto porcentual del PIB su contribución al final del período (un poco más de US$500 millones) respecto a 2014.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) demuestra día a día por qué es un "superministerio" cuya definiciones políticas repercuten en más de un resorte de las políticas públicas. La impronta del líder del equipo económico, Danilo Astori, ha dejado su sello en lo que va de este gobierno, ya sin las sombras que debió tolerar desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la administración de José Mujica.

Bajo el segundo mandato de Tabaré Vázquez, la cartera que tiene su sede en Colonia y Paraguay volvió a tener el sartén por el mango y desde entonces realiza un seguimiento estricto en la conducción de los entes autónomos, fijando metas y compromisos de gestión que incluyen mayores transferencias a las arcas del Estado. El objetivo es que eleven en un punto porcentual del PIB su contribución al final del período (un poco más de US$500 millones) respecto a 2014.

"No estamos solo para ser los cajeros del gobierno. Nosotros (por el MEF) hacemos política todos los días", dijo Astori en un almuerzo de ACDE a menos de un año de asumir en su segunda gestión al frente de Economía. Si bien ese mensaje estaba más destinado a la interna de su gobierno que manifestaba preocupación por atender las demandas sociales, su hegemonía es indiscutible. Con la corrección del desequilibro de las cuentas públicas como la principal prioridad de la agenda macroeconómica, Astori ha sido respaldado sin mayores objeciones por el presidente Vázquez para que su equipo defina qué acciones deben tomarse, como un ajuste fiscal que incluyó suba de impuestos y de tarifas por encima de los costos, como ocurrió con UTE y ANCAP en los últimos dos años.

Este viernes, Astori justificó el traspaso de un excedente de US$ 173 millones del Fondo de Estabilización Energética (FEE) de UTE –diseñado para mitigar subas de tarifas cuando se registran sequías– para infraestructura, y en particular para las obras que deberá encarar el gobierno para concretar la instalación de la segunda pastera de UPM. Entrevistado en el programa La mañana de radio El Espectador el ministro explicó este viernes por qué el gobierno decidió apelar a esos recursos y precisó que, como se trata de un fondo, solamente se puede disponer de una única vez y no destinarse a gastos permanentes.

"Estamos hablando de un excedente del Fondo de Estabilización Energética. De los US$ 300 millones que tiene, US$120 millones son intocables porque así lo establece la norma que fijó un mínimo que no se puede tocar", dijo Astori, en referencia a un decreto aprobado en mayo.

El jerarca agregó que el país "está muy lejos" de tener una emergencia energética producto del cambio de la matriz que procesó en los últimos años.

Técnicamente "sin objeciones". La definición que tomó el gobierno de reducir a US$ 120 millones la cobertura del FEE "no tiene objeciones desde el punto de vista técnico", dijo a El Observador el integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, Omar Pagani. El experto indicó que aun con un año muy seco, hoy hay otras fuentes de generación (básicamente eólica y un componente menor de biomasa) que reducen sensiblemente la dependencia de los combustibles fósiles respecto a un quinquenio atrás.

Sin embargo, Pagani consideró que esa ganancia del sistema eléctrico –que incluso a su juicio hizo una inversión en renovables mayor a la necesaria, lo que provoca hoy sobrantes de electricidad–, lo lógico sería haber "buscado alguna forma de que esos recursos extras del fondo se destinaran a mejorar la competitividad de las tarifas de UTE".

"Nos parece que disponer de esa ayuda para financiar algunas inversiones fundamentales de UPM de las que Uruguay necesita para instalar la nueva planta, es muy importante", justificó Astori.

El ministro puso como ejemplo la inversión del ferrocarril, cuyo monto supera los US$500 millones. Durante todo el proceso de negociación con UPM, Astori ha llamado la atención y mostrado su preocupación por el impacto que puede provocar sobre las finanzas públicas los US$1.000 millones que el Estado debe aportar para concretar la mayor inversión en la historia del país.