La idea original del Ejecutivo, expresada el año pasado por voceros del equipo económico de gobierno, era que pretendía contar con la nueva ley de Participación Público Privada a comienzos de 2011, para poder comenzar las obras en el correr de este mismo año.

Con viento a favor, y si todo sale bien, el gobierno recién podrá comenzar a concretar obras de infraestructura en asociación con privados a mediados del 2012. La aprobación del proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP) se está demorando más de lo previsto y es un hecho que este año no se verá ninguna máquina trabajando bajo el nuevo marco jurídico.

Un alto jerarca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dijo al diario El Observador que si el proyecto de ley se aprueba en marzo en el Parlamento -posibilidad harto difícil- se tardará “entre seis y siete meses” en iniciar todo el proceso que consiste en anunciar las obras que el gobierno quiere llevar adelante en sociedad con privados y que terminará con el llamado a licitación.

En el mejor de los casos, dijo la fuente consultada, recién en septiembre u octubre el Ejecutivo podría convocar a las empresas interesadas y a los agentes financieros que pondrán el dinero para llevar adelante las obras.

Desde allí se necesitarán otros seis meses, por lo menos, calculan en el MTOP, para resolver la asociación, adjudicar la obra y poner a trabajar las máquinas. Por todo esto recién sobre mediados del año que viene, si todo sale bien, el gobierno podrá comenzar a concretar las obras de infraestructura que definió como impostergables y necesarias para el desarrollo logístico de Uruguay.

El Ministerio de Transporte ya definió una lista de obras de infraestructura que pretende llevar adelante en asociación con empresas privadas, pero no quiere dar a conocerlas para no generar “falsas expectativas” y para “no alterar el mercado”, dijo el jerarca consultado. Las áreas prioritarias para el gobierno son carreteras, trenes, puertos y aeropuertos. El puerto oceánico de aguas profundas, en Rocha, es la gran obra que se propone hacer el presidente José Mujica en su período. En campaña electoral también se comprometió, ante distintas cámaras empresariales, a revitalizar el sistema ferroviario nacional.

La idea original del Ejecutivo, expresada el año pasado por voceros del equipo económico de gobierno, era que pretendía contar con la nueva ley de PPP a comienzos de 2011, para poder comenzar las obras en el correr de este mismo año.

En mayo de 2010 desde el Poder Ejecutivo se anunciaba que el proyecto iba a llegar al Parlamento antes que la ley de Presupuesto Nacional, que ingresó a fines de agosto. pero no fue así. La discusión dentro del gobierno demoró más de lo previsto.

El debate del presupuesto colmó la atención de los legisladores hasta diciembre, por lo que recién a fin de año los sectores del Frente Amplio (FA) comenzaron a debatir internamente el proyecto. Y allí surgieron diferencias importantes que recién ahora está discutiendo de forma orgánica el partido de gobierno. Así las cosas, el proyecto aún no se aprobó en la comisión de Hacienda de Diputados, donde recibió numerosas objeciones, tanto políticas como jurídicas.

El Tribunal de Cuentas reclamó más potestades de contralor, que no quede reducida su participación a la última etapa de la concesión, en tanto las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap) pidieron más garantías a la hora de financiar los proyectos.

A su vez, catedráticos de derecho administrativo advirtieron sobre la discrecionalidad que tendrá el gobierno para elegir socios privados con la nueva ley. La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), en tanto, defiende la norma. El proyecto permite que el Estado se asocie con privados y prevé mecanismos de control independiente de los proyectos.