La pérdida de competitividad se reflejó en una fuerte desaceleración de las exportaciones uruguayas a Brasil y una caída de las ventas a Argentina, donde también influyen las trabas comerciales.

La inflación se disparó en septiembre e hizo saltar todas las alarmas. No solo porque el alza de precios se acerca peligrosamente a la barrera psicológica de las dos cifras, sino porque le impide a Uruguay mantener un rol activo en la guerra de divisas iniciada por los países desarrollados y los grandes emergentes, que compromete la capacidad competitiva de los productos nacionales.

La batalla se libra en el mercado cambiario, donde el objetivo de países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, es abaratar la moneda local frente a los mercados de referencia, para así reducir sus costos en términos comparativos y mejorar la capacidad competitiva de la producción nacional. La idea es que el sector externo llene el vacío que dejaron el consumo doméstico y la inversión como motores del crecimiento económico.

Hoy se escucha a los turistas brasileños, argentinos y europeos decir que “Uruguay está caro”. Mientras que en Brasil el dólar acumula una suba de 9% en los últimos 12 meses, en Uruguay el billete verde bajó 0,6%. No conforme con eso, el alza de precios fue mayor en Uruguay, lo que reduce las posibilidades de colocar bienes y servicios en el vecino país. En Argentina, los controles cambiarios provocaron en los hechos una devaluación de 47%, que compensó con creces la elevada inflación del vecino país.

De acuerdo al índice de tipo de cambio real bilateral de Uruguay con Brasil –un artilugio económico que permite comparar la evolución en los precios de dos países, medidos en una misma moneda– elaborado por El Observador, la minidevaluación de la moneda brasileña durante este año llevó a que en septiembre la competitividad con el vecino país se ubicara 8,8% por debajo del promedio de los últimos 25 años. De esa manera, Uruguay dejó atrás la ventaja competitiva que había obtenido en los últimos años frente a su principal socio comercial.

Y no solo frente a Brasil. Desde una posición muy diferente y con su estilo peculiar, Argentina también preparó su terreno para una devaluación. Con la instauración de un duro régimen de control cambiario, el vecino país desdobló su moneda y generó un mercado paralelo de divisas que se dispersó por el resto del mundo.

El argentino que sale con pesos y debe obtener dólares fuera de frontera, no paga los 4,75 pesos argentinos del mercado oficial, sino los 6,22 del paralelo. Considerando esa cotización y la inflación no reconocida por el gobierno argentino, el tipo de cambio real bilateral con el vecino país cayó 6,9% en los 12 meses a agosto.

La pérdida de competitividad se cobró con una fuerte desaceleración de las exportaciones a Brasil y una caída de las ventas a Argentina, donde también influyen las trabas comerciales. Las ventas a Brasil aumentaron 5,5% en los primeros nueve meses del año, muy por debajo del crecimiento acumulado de 11,9% de 2011 y de 31,1% de 2010. Mientras, las colocaciones a Argentina cayeron 13,7% en el mismo período.

Tanto Uruguay como Brasil estuvieron sometidos a iguales presiones sobre el tipo de cambio durante los últimos años. La inyección de dólares en el mercado mundial por parte de Estados Unidos impulsó a la baja el precio de la principal divisa en todos los países emergentes.

Sin embargo, el dólar subió en Brasil y cayó en Uruguay. La diferencia la hizo el gobierno de Dilma Rousseff, que en los primeros meses de su mandato sorprendió al mundo con un fuerte recorte del gasto público y un freno al crecimiento de los salarios por encima de la productividad. A un mes de haber asumido su cargo, en febrero de 2011, la mandataria recortó en US$30.000 millones el gasto público y pese a las presiones de los sindicatos, decidió congelar el salario mínimo.

El principal problema económico identificado por la nueva administración era la inflación, que estaba trepando por encima del rango objetivo de entre 2,5% y 6,5%. La estrategia miraba además al futuro: de agravarse la crisis europea, había que generar margen de maniobra para que el gobierno pudiera utilizar con holgura sus instrumentos de política para incentivar la actividad, tanto desde el mercado interno como del exterior.

En Uruguay, el problema inflacionario era aun mayor. A comienzos de 2011, el alza de precios acumulaba ya 12 meses consecutivos por encima del rango meta de entre 4% y 6%. Sin embargo, la respuesta política fue diametralmente opuesta a la de Brasil.

El gobierno uruguayo dejó sola a la política monetaria para controlar el problema a través de la suba de la tasa de referencia, que en el corto plazo debilita la cotización del dólar y abarata la producción importada, mientras que en el largo plazo desestimula el consumo y la inversión, todos factores que reducen las presiones inflacionarias.

Mientras que Brasil siguiera manteniendo una política monetaria contractiva, Uruguay podía soportar un tipo de cambio más bajo, porque, en definitiva, mantenía su paridad con el real.

El gasto público siguió subiendo. El déficit fiscal pasó de 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en diciembre de 2011 a 1,5% en abril de 2011 para saltar a 2,3% en agosto de este año, como consecuencia de la sequía y el elevado costo de generación energética en el primer semestre de 2012.

Los salarios también siguieron subiendo y el inicio de una nueva ronda de Consejos de Salarios no permite prever una moderación significativa en los aumentos anuales y semestrales. En 2011, el salario promedio aumentó 4% en términos reales, por encima del 3,3% de 2010, aun cuando las condiciones externas hacían prever una fuerte desaceleración de la economía que se consolidó en 2011 y se profundizará este año.

A partir de agosto de 2011, Brasil dio un cimbronazo a su política monetaria. Con la inflación encaminada y con recursos fiscales genuinos para hacer frente al problema cambiario sin comprometer la inflación, volcó sus recursos a estimular la competitividad de su economía a través del tipo de cambio y tonificar los sectores productivos.

La semana pasada, Brasil completó su décima rebaja consecutiva de la tasa de referencia, desde el 12,25% que mantuvo hasta agosto de 2011 al mínimo histórico de 7,25%. Durante ese mismo período, la falta de apoyo a la política antiinflacionaria del Banco Central por parte del Poder Ejecutivo, llevó a que la tasa de referencia en Uruguay pasara de 7,5% en junio de 2011, al 9% actual.

Eso provocó un flujo de capitales, que abandonaron los rendimientos ahora disminuidos de Brasil para aprovechar las elevadas tasas uruguayas. La presión se hizo sentir en el mercado cambiario, donde todos querían pesos a cambio de sus dólares.

Hoy las autoridades uruguayas enfrentan una encrucijada. Una caída más pronunciada del precio del dólar llevaría a una mayor desalineación cambiaria con los principales socios comerciales, algo peligroso cuando ya en el segundo trimestre del año, el sector externo dejó de contribuir al crecimiento económico. Eso imposibilita además el uso de una política monetaria más contractiva, porque no hay manera de contrarrestar su efecto a la baja sobre el precio del dólar.

Encima la inflación se disparó y amenaza peligrosamente con traspasar la barrera psicológica de 10%. Como una ofensiva oficial sobre los acuerdos salariales y una reducción del gasto público en relación con la última Rendición de Cuentas, no están en la agenda del gobierno, las autoridades resolvieron recurrir a medidas heterodoxas, que les permiten ganar algo de tiempo.

De moderarse el alza del Índice de Precios al Consumo (IPC) por otra vía, la responsabilidad del tipo de cambio como contenedor de la inflación se verá diluida y el BCU podrá convalidar un precio más alto de la divisa. Eso permitirá recuperar algo del terreno perdido con los principales socios comerciales del país.

El ministerio de Economía apostó a la negociación con el sector privado para que retrasara la suba de precios hasta fin de año, de un modo similar a lo que hizo a comienzos de 2009 cuando la inflación trepó a 9%. A diferencia de ese entonces, el déficit fiscal más elevado impide recortar tarifas y subsidiar precios administrados para ofrecer una mayor contención a la escalada de los precios.

Sin embargo, no se trata de medidas que tengan un impacto sobre la dinámica inflacionaria, sino directamente sobre algunos artículos puntuales del IPC. En primer lugar, porque si los precios suben presionados por mayores costos, sea hoy o en enero, van a terminar por ajustarse.

De lo contrario, la sangría la terminarían pagando los empresarios con una menor rentabilidad, en un contexto en el cual el crecimiento del consumo doméstico muestra señales de debilidad y las ventas al exterior se hacen cuesta arriba.

Las opciones se reducen, el tiempo se acorta y el dólar sigue bajando.