Entre las modificaciones que implementará la nueva reglamentación, está una mayor ponderación al indicador de empleo al momento de otorgar los beneficios fiscales, que pasará de 30% a 40%, dijo la asesora de Ministerio de Economía, Ana Inés Morató.

El Observador de Uruguay. Los tres motores de crecimiento de la economía (consumo, inversión y exportaciones) muestran un comportamiento diferente desde mediados de 2016 cuando la actividad comenzó a recuperarse.

Mientras las exportaciones y el consumo privado tienen un desempeño positivo, a la inversión le cuesta despegar. En ese contexto, a comienzo de año el Ministerio de Economía (MEF) anunció una serie de estímulos fiscales que tienen como norte fomentar el empleo y la inversión.

Uno de los rubros en los que se hace énfasis es la construcción, donde se otorgan beneficios para fomentar proyectos de gran porte. Pero también se introdujeron cambios en los criterios para el otorgamiento de exoneraciones en el marco de la ley de Inversiones, cuya reglamentación quedará lista la próxima semana.

La flexibilidad del régimen y su capacidad para responder a la coyuntura actual fue uno de los aspectos que destacó la asesora de Ministerio de Economía (MEF), Ana Inés Morató este miércoles durante una conferencia organizada por Somos Uruguay, que se centró en el nuevo enfoque de estímulos a la inversión que promueve el gobierno.

Según dijo, no es una herramienta que se ha diseñado exclusivamente en Colonia y Paraguay (sede del MEF), porque hubo "mucha interacción" con las empresas.

Morató expresó que el desempleo es uno de los "grandes desafíos macroeconómicos" que están planteados actualmente y que se confía en que con los cambios introducidos el régimen tiene "más potencia" para "atacar" ese problema.

Por ejemplo, entre las modificaciones que implementará la nueva reglamentación, se dará mayor ponderación al indicador de empleo al momento de otorgar los beneficios fiscales. El mismo pasará de 30% a 40%, por lo que un proyecto que sea intensivo en la creación de empleo obtendrá una exoneración en el IRAE equivalente al 47% de la inversión.

"Creemos que esto hará más atractivo para las empresas apostar por proyectos de inversión que generen empleo", afirmó Morató.

A su turno, el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Christian Daude explicó que las políticas de incentivo deben ser "flexibles" para poder adaptarse a los cambios en el mundo y en la estructura productiva. Según dijo, para "sostener" un rumbo de crecimiento a veces es necesario "repensar" y "mejorar" las formas en que el sector publico crea el clima y da apoyo a la inversión privada en el país.

En una línea similar, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri expresó que en un contexto internacional más volátil, con mayores dificultades y "muy distinto" a cuando comenzó el ciclo interrumpido de crecimiento de la economía, se hace necesario ajustar las herramientas.

"No alcanza con hacer más de lo mismo, sino que se requieren respuestas nuevas para realidades diferentes. (...) Nadie define una inversión solamente por el valor del tipo de cambio o la tasa específica de un impuesto, sino que es fruto de un análisis multidimensional", afirmó.

Sector inmobiliario. Específicamente en el rubro construcción el gobierno aprobó a fines de 2016 un decreto que otorga beneficios fiscales a proyectos de gran porte para incentivar la inversión en el sector inmobiliario.

El Poder Ejecutivo definió como emprendimientos de gran dimensión económica a aquellos que tuvieran una inversión superior a 123 millones de unidades indexadas (UI) lo que equivale a US$16,2 millones, con al menos 20% del área destinada a uso común.

La Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del MEF informó días atrás que durante el año pasado se presentaron 57 proyectos ubicados en tres departamentos al amparo del decreto con una inversión asociada de US$1.901 millones.

En febrero se resolvió extender por un año el plazo para presentar nuevos emprendimientos al amparo de esos beneficios. De esa forma, los proyectos deberán ser presentados antes del 31 de diciembre de este año y tendrán como máximo un plazo de 36 meses de ejecución.

Además, para las iniciativas a desarrollarse en Montevideo se redujo el monto mínimo de inversión a 90 millones de unidades indexadas (US$12 millones) y a 15% el área destinada a uso común.

De todas formas, en el caso de Maldonado la percepción de los operadores inmobiliarios es que la construcción está planchada. Según datos procesados por el consultor Julio Villamide la mano de obra ocupada en el sector está en el menor nivel de al menos 12 años. Además, han sido escasos los avances de obra de esos proyectos que fueron presentados el año pasado.