El proyecto del Movimiento de Participación Popular (MPP) consiste en otorgar una suma que recibirían todos los habitantes sólo por tener la nacionalidad.

El derecho a la renta básica es el derecho a no morirse de hambre”. Con ese concepto, el diputado Alejandro Sánchez (MPP) planteó a El Observador el plan que delinea su sector político para el próximo año.

Emulando a sistemas vigentes en Alaska o en Brasil algunos dirigentes consideran que será la única solución para mejorar la distribución de la riqueza y erradicar la pobreza, algo que no se ha conseguido con los distintos planes sociales impulsados en los últimos años.

El plan es, sin más, que el Estado otorgue a todos los uruguayos un ingreso fijo que permita atender las necesidades básicas. La misma suma para todos, sin importar los ingresos que perciba la persona.

“Todos tenemos derecho a participar de la riqueza del país, y el debate es cómo hacer para generar un sistema de protección social que incluya a todos, y no sólo a los que están incluidos en los sistemas de seguridad social”, dijo el diputado.

El tema fue discutido durante dos años en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y según indicó Sánchez, se resolvió su aprobación para aplicar en todos los países de América Latina y el Caribe.

El diputado admitió que el tema generará un fuerte debate social, especialmente por las críticas que ya han tenido algunos programas aplicados anteriormente, como el Plan de Emergencia Social o el Plan de Equidad, que involucraban la asistencia económica a los sectores más sumergidos de la población. “Sabemos que nos van a decir que hacemos asistencialismo, pero esto es lo mismo para todos”, dijo. Incluso aseguró que sabe que hay legisladores de la oposición que están dispuestos a acompañar la iniciativa.

“Si en el siglo pasado se abolió la esclavitud, ¿por qué no abolir ahora la pobreza?”, señaló el diputado, y consideró esta renta como la forma realmente efectiva de lograrlo. Recordó que el tema viene siendo analizado a nivel mundial desde el siglo XVII, cuando Tomás Moro lo planteó en su libro La Utopía.

Los detalles aún no están definidos. No se maneja el monto a asignar, ni las contraprestaciones que eventualmente debería cumplir cada ciudadano que reciba el dinero. Estos detalles surgirán del debate que el MPP planea dar en la interna del Frente Amplio cuando inicie el próximo año.

Cómo financiarlo. El asunto más complicado es lograr un modelo que permita la financiación de esta idea. Pero según Sánchez, no será tan difícil y plantea distintos modelos. Uno es el que se aplica en Alaska donde por el hecho de vivir por seis meses en el estado los habitantes participan de las ganancias obtenidas del petróleo. El legislador considera que cuando se puedan obtener recursos petroleros en Uruguay, de allí podrían salir los recursos.

Y otra de las alternativas, seguramente más cuestionada en caso de aplicarse, es la impositiva. “Hay una concentración de la riqueza en el 20% más rico de la sociedad y hay que distribuirla. Ese puede ser un mecanismo de financiación de la renta básica, y se lograría así que esa riqueza se distribuya entre el resto de la gente”, sentenció. Sánchez es consciente de que esta idea no será sencilla de implementar y enfrentará serias resistencias, e incluso es un tema que han analizado con otros dirigentes políticos, pero está convencido de que “se puede hacer”.

Otras ideas. El tema fue manejado también por el Ministerio de Desarrollo en el año 2008 e incluso se hizo un seminario para analizarlo.
El subsecretario del Mides, Lauro Meléndez, escribió una columna en la publicación digital del MPP, (www.mateamargo.org.uy), en la que opina a favor de la iniciativa.

Por ejemplo, plantea que el ingreso de lo que llama Renta Básica Universal debería ser dirigido a los hogares y no individual, y que al menos al inicio el gasto debería ser orientado. “Pensamos que podría ser bueno liberar el uso del dinero en una etapa posterior, quizás progresivamente”, señala.

Meléndez recuerda que en el Congreso del Frente Amplio “Héctor Rodríguez”, celebrado en 2003, “se decidió planificar una política que garantice que ‘...todo hogar debe contar con un ingreso básico que le permita cubrir al menos sus necesidades básicas y las de sus integrantes’”. Y por eso propone instalar el Ingreso Básico Familiar en forma progresiva.

Según sus cálculos, debió haber empezado en 2010 y la última etapa se daría en 2018.
Señala que en un comienzo podría ser instrumentado a través de la Tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares, y que “en su última etapa de aplicación, se trataría de un ingreso pago por el Estado a todos los hogares en su territorio, con independencia de su forma de convivencia, de sus demás fuentes de renta y de su participación pasada o presente en el mercado de trabajo”.

Plantea el subsecretario que este ingreso sustituiría en forma escalonada las prestaciones directas generadas en gobiernos anteriores. Además, señala que los hogares que reciban el ingreso, en sus primeras etapas, deberá participar en programas socio educativos que fomenten la integración social y el consumo responsable.

El próximo paso es el debate interno en el FA, y que los dirigentes logren convencer al gobierno de impulsarlo en el último período de su gestión.

Sistema de renta básica en Alaska y Brasil

En Alaska –Estado asociado a los Estados Unidos– existe desde 1982 la renta básica para todas las personas que residan allí un mínimo de seis meses. En ese país se otorga a todos los ciudadanos un porcentaje de las ganancias obtenidas a partir de la explotación de petróleo. En la última década el pago a los ciudadanos osciló entre los US$ 1.000 y US$ 2.000 anuales. La forma en la que se lleva adelante la medida, que ha tenido varios cambios desde su implementación, es a través de un fondo en el que se deposita parte de los ingresos obtenidos del petróleo.

En Brasil, en tanto, el sistema de renta básica se implementa desde 2004. En ese país se está aplicando en forma progresiva y garantiza que todos los brasileños, así como los extranjeros que vivan en el país hace más de cinco años reciban por parte del Estado una suma para cubrir sus gastos esenciales, como alimentación, educación y salud. El beneficio se otorga desde el nacimiento hasta la muerte y se brinda independientemente de los ingresos de la persona, si es que los tiene. La ley apuntó en sus inicios a la población más humilde.