Con la pandemia prácticamente a raya, Uruguay ha comenzado a impulsar la reactivación escalonada de la economía, adelantándose también en esto a la mayoría de sus vecinos, que siguen con fuertes medidas de confinamiento y restricciones de movilidad.
Uruguay lo ha hecho de nuevo. El país más pequeño de Sudamérica toma ventaja por encima de sus vecinos, da un ejemplo de cómo combatir la pandemia del coronavirus y avanza en la reapertura económica. Todo esto, mientras América Latina se convierte en el foco del Covid-19, con Brasil, como el segundo país con el mayor número de contagios en el mundo.
La nación charrúa, de 3,5 millones de habitantes, sumó esta semana dos días consecutivos sin registrar casos positivos de coronavirus. Según el más reciente reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), acumula 847 casos y 23 fallecidos, 758 personas están recuperadas y mantiene 69 contagios activos, de los cuales solo 4 están hospitalizados.
Con la pandemia prácticamente a raya, Uruguay ha comenzado a impulsar la reactivación escalonada de la economía, adelantándose también en esto a la mayoría de sus vecinos, que siguen con fuertes medidas de confinamiento y restricciones de movilidad. Una ventaja que se refleja en las perspectivas económicas publicadas este lunes por el Banco Mundial y que muestra a Uruguay con la menor caída del PIB entre los países latinoamericanos con un 3,7%, por encima de Chile y Colombia, que registrarían un desplome de 4,3% y 4,9%, respectivamente.
Consciente de la oportunidad que esto significa para Uruguay, el Gobierno de Lacalle Pou prepara un paquete de medidas para atraer a los extranjeros. Según una publicación de El Observador, la medida podría darse vía decreto y modificaría los requisitos para obtener la residencia fiscal, disminuyendo el monto del patrimonio requerido para ello a cerca de US$500.000, contra los US$1,7 millones que se exige actualmente.
Aunque la medida no se ha ejecutado, desde la vecina Argentina se han disparado las consultas para acogerse a estos beneficios. En un reporte del medio Infobae, el asesor de inversiones Carlos Ruiz Lapuent, confirma el incremento y sostiene que la mayoría son personas que ya han estado en el país y tienen algún vinculo familiar o propiedad. “La calidad de vida les importa mucho, pero también, averiguan por la calidad institucional a la hora de invertir, ya que Uruguay hay planificación”, declara.
De hecho, en los primeros quince días de normalización del Registro de Sociedades uruguayo, unas 200 empresas argentinas habrían solicitado radicarse en Uruguay, la mayoría de ellas tecnológicas, según el Estudio Bergstein, citado en el portal iproup.com. El medio adelantó que una de ellas podría ser MercadoLibre, aunque posteriormente la compañía de comercio electrónico descartó esa posibilidad, enfatizando que su “casa matriz es Argentina”, donde acaban de contratar 1.250 personas.
Mientras tanto, en Uruguay se reactivan progresivamente los sectores esenciales para la economía. Esta semana, y tras casi tres meses cerrados, se autorizó la reapertura de los centros comerciales, bajo un estricto protocolo de seguridad. Esta primera etapa no incluye a los locales de comida, que siguen sin poder vender para consumir en el lugar. También permanecen cerrado los cines, casinos y áreas de juegos para niños.
Para dar paso a esta etapa, el Gobierno uruguayo estuvo trabajando durante un mes en un protocolo efectivo y luego de 45 versiones diferentes, dieron la luz verde al plan que incluye medidas estrictas de seguridad para prevenir la propagación del virus. Se estima que los mall en la capital uruguaya representan 1.400 locales comerciales y dan trabajo a 9.000 personas de forma directa y 25.000 indirectamente.
¿Cómo lo hizo Uruguay?
El resultado responde a una estrategia aparentemente simple: consenso político, responsabilidad ciudadana y acceso al sistema de salud.
El Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que tenía dos semanas en el poder cuando se registró el primer caso de Covid el 13 de marzo, actuó rápido, decretando una emergencia sanitaria ese mismo día. Cerró las fronteras, suspendió los vuelos, las actividades escolares y todo evento público. Además, logró que los partidos políticos aprobaran la creación de un Fondo del Coronavirus, que se financió principalmente con la reducción de un 20% del sueldo del presidente, los ministros, legisladores y funcionarios públicos.
Pero el consenso no fue solo político. La sociedad uruguaya también se sumó a la estrategia, acatando una cuarentena -que a diferencia de la mayoría de los países de la región- ha sido voluntaria en todo momento. El Gobierno no prohibió la movilidad de los uruguayos, argumentando que muchas personas necesitaban salir a trabajar para conseguir el sustento diario. Aún así, la mayoría de la gente se quedó en casa.
Adicionalmente, Uruguay -uno de los pocos países de la región que cuenta con un sistema de salud al que todos tienen acceso- realizó un monitoreo y seguimiento generalizado de infecciones, pruebas aleatorias y utilizó modelos para predecir cómo la enfermedad progresaría en diferentes partes del país. Hasta inicios de junio, había realizado 13.000 test por millón de habitantes (según datos de Worldometer), superando con creces a sus vecinos Brasil, Argentina y Paraguay.
El primero de la clase
La estrategia uruguaya parece respaldar lo que estudios y rankings de organismos internacionales, han venido mostrando en los años recientes: un país con una sólida democracia, bajos niveles de corrupción y la menor desigualdad entre los países de América Latina.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional, en su informe 2019 sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, calificó a Uruguay con 71 puntos sobre 100, el mejor resultado para un país latinoamericano. También fue el mejor de la región en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020 -que realizan la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks- y que evalúa a los países según la eficacia con la que pueden combatir ese problema. En este ranking obtuvo 7,78 puntos sobre 10.
Sumado a esto, el índice de democracia global, que cada año elabora la Unidad de Inteligencia del medio británico “The Economist”, mantuvo a Uruguay en el primer lugar de Latinoamérica y en la posición 15° en el mundo, según su más reciente edición; mientras el Índice de Gini -que mide la desigualdad de las naciones con base en la diferencia de ingresos- muestra que el país tiene el más bajo indicador (39,5) de entre sus vecinos del continente.
Con el peso de ser el mejor de su clase, el Ejecutivo uruguayo busca garantizar un rápida recuperación económica. Hasta el momento, el país logró un crédito de US$1.400 millones en líneas de crédito de bajo costo con los bancos de desarrollo regionales para financiar sus medidas. El Gobierno ha considerado gastar US$400 millones y canalizar más de US$2.600 millones en préstamos a empresas para paliar el impacto de la pandemia.
