"De conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, solicitamos nos informe sobre el contenido de la respuesta emitida por el Banco Central de Venezuela a la comunicación emanada del despacho a su cargo", dice el texto enviado por las entidades financieras al instituto rector.

La defensa de los directivos de las casas de bolsa acusados introdujieron un recurso en el Banco Central de Venezuela (BCV) para exigir información sobre la carta que el organismo envió a la Fiscalía General de la República, luego de que de ésta le preguntara sobre la legalidad de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc).

"De conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, solicitamos nos informe sobre el contenido de la respuesta emitida por el Banco Central de Venezuela a la comunicación emanada del despacho a su cargo", dice el texto.

"Estaba referida a la razonabilidad de negociación (compra y venta), en el mercado secundario venezolano, de los bonos de la Deuda Pública Nacional expresados en moneda extranjera y denominados Ticc", se agrega.

El documento estuvo dirigido al presidente del organismo, Nelson Merentes, y fue recibido por el ente emisor el pasado 23 de febrero. También se le entregó al Ministerio Público, dirigido a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, días antes, el 11 de febrero.

Valioso papel. El esfuerzo de la defensa se debe a que en ese papel están basando la demostración de inocencia de los nueve acusados. Pero el documento, la respuesta del Banco Central, ya no está en el expediente del caso. En el desarrollo de la audiencia preliminar se desapareció.

En junio, la Fiscalía le solicitó al ente emisor que se pronunciara sobre la legalidad de los Ticc para la ejecución de operaciones permuta, y también sobre cómo se establecía el precio del dólar en estas transacciones.

En agosto, el Banco Central emitió su respuesta. Tres cartas salieron del ente emisor, una para el Ministerio Público, otra para el despacho de Planificación y Finanzas y la tercera para la Superintendencia Nacional de Valores.

Y en el expediente reposó el documento hasta que se perdió. La defensa se quedó sin copia para el proceso en la audiencia preliminar.

El principal delito imputado por la Fiscalía a los nueve acusados es la comercialización ilícita de divisas; y se fundamenta en las operaciones permuta realizadas a través de bonos de este tipo; es decir, con los Ticc.

El argumento que salió desde la Superintendencia de Valores (antes comisión) señalaba que con estos bonos, negociados en bolívares pero denominados en dólares, no se podían efectuar transacciones permuta.

Sin embargo, la defensa avala que resoluciones del Banco Central ratificaron que esas operaciones sí podían realizarse. Y recuerdan que esas aclaratorias no vinieron por solicitud de las casas de bolsa, sino de la banca.

De hecho, desde la consultoría de la cartera de Finanzas, e incluso desde el mismo despacho del ministro Jorge Giordani, también se emitió un documento que ratificó la legalidad de los Ticc para ser utilizados en esas operaciones. Y estos oficios sí reposan en el expediente del caso de las casas de bolsa. Sin embargo, el del Banco Central es el crucial.

Polémicos bonos. El gobierno comenzó a emitir títulos denominados en dólares pero negociables en bolívares en 2006, con una primera emisión por US$1.215 millones.

La estrategia financiera pareció resultar, pues al siguiente año repitió con tres emisiones más que sumaron US$2.684 millones en Ticc. Luego de un año de descanso, en 2009 ofrecieron más títulos de este tipo, con tres emisiones más por US$781 millones.

Y así, estos US$4.680 millones en Ticc comenzaron a mover 75% del mercado permuta en el país.

De esa cantidad, US$60 millones los tenía registrados la casa de bolsa Econoinvest, hoy en liquidación, en la cartera propia de inversiones.

Pero ahora, ese portafolio está en el balance del Banco del Tesoro, que los compró antes de la devaluación y sin que concluyera el proceso de liquidación de la empresa bursátil.

Parte de esos Ticc de Econoinvest formaban parte de la garantía de las operaciones de reportos de los clientes, que estaban en la Caja Venezolana de Valores, pero que también fueron negociados.