La situación financiera de Venezuela es dramática. PDVSA logró pagar bonos la semana pasada. Pero, los costos sociales y políticos son horrendos. Y una solución, no parece haber.
Los mercados reaccionaron aliviados el viernes: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) realizó transferencias por US$120 millones por intereses de bonos con vencimientos en 2027 y 2037 y anunció otros pagos para este mes por US$2.000 millones.
Los costos de esos pagos son, sin embargo, horrendos. La rentabilidad anual de los bonos venezolanos, tanto de PDVSA como estatales, es de alrededor del 25%. En cuatro años, los inversionistas obtienen ya el retorno de capital.
Que se trata de una "ruleta rusa”, es obvio. Las agencias de rating Moody's, Standard & Poor's y Fitch clasifican actualmente los bonos venezolanos poco más arriba del nivel "basura”, con tendencia negativa. La deuda externa nominal del Estado y PDVSA asciende en total a unos US$110.000 millones. Sumando los intereses, llega incluso a 170.000 millones.
Los créditos de Rusia y China. China ha prestado a Caracas unos US$60.000 millones, a pagar con entregas de petróleo. Que el precio del petróleo haya caído de unos US$100 por barril en 2012 a la mitad e incluso menos hoy hace que el crédito sea un negocio tan bueno como seguro para China.
También Rusia ha prestado dinero a Venezuela: unos US$5.000 millones, asegurados con una garantía sobre la refinería y cadena de gasolineras Citgo, que Venezuela opera en Estados Unidos. Algo que no le gusta a otros acreedores de Venezuela. En enero de este año, la empresa norteamericana ConocoPhillips demandó a PDVSA y, concomitantemente, a la rusa Rosneft.
ConocoPhillips dice que PDVSA transfirió fraudulentamente el 49,9 por ciento de Citgo Holding Inc. como garantía para un préstamo de Rosneft PJSC de Rusia. Los norteamericanos ya habían presentado una primera demanda contra PDVSA en octubre pasado, por la expropiación de campos petrolíferos de Conoco en Venezuela.
La economía en ruinas. Todo ello en medio de una crisis sin precedentes en el país. El bolívar está en caída libre, la escasez de alimentos es alarmante y la inflación asciende al 800%. Según datos de la asesoría Ecoanalítica, de Caracas, las importaciones de Venezuela cayeron un 62% entre 2014 y 2016. La Federación Farmacéutica Venezolana dice que en el país falta el 85% de los medicamentos.
El sector privado ha sido arruinado sistemáticamente desde la implantación del "Socialismo del siglo XXI” por Hugo Chávez. Hoy, bajo Maduro, que sigue ese rumbo, deben ser importados hasta los artículos más elementales de uso diario. En el propio país poco se produce, excepto crudo. Las exportaciones se componen en un 95 por ciento de petróleo y gas.
No puede extrañar, entonces, que el 80% de la población viva en la pobreza. Ni tampoco que el nerviosismo aumente. El Gobierno responde con represión. Las manifestaciones de las últimas dos semanas han dejado decenas de heridos y detenidos en Caracas y varias ciudades del país.
La crisis política. El Parlamento, en el que tiene mayoría la oposición, fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo. El Tribunal llegó incluso a quitarle las competencias al Parlamento y asumir sus funciones. Pero, luego de presiones internacionales, revocó la sentencia. No obstante, todo el poder está concentrado de hecho en Maduro.
Además, Henrique Capriles, el líder de la oposición, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que le impedirá ser nuevamente candidato a la presidencia de Venezuela en 2018, en las que tendría grandes posibilidades de suceder a Maduro.
Hasta ahora, Maduro cuenta con la lealtad de los militares y las milicias, a las que asegura con numerosos privilegios, por ejemplo, en la distribución de alimentos. Por eso, hasta ahora ha hecho todo lo posible por evitar la cesación de pagos: necesita el flujo de dólares desde el exterior para financiar esos privilegios.
Un laberinto sin salida. Asegurar ese flujo, sin embargo, se transforma cada vez más en una misión imposible. "El peligro de una cesación de pagos en Venezuela aumenta”, advierte Uwe Burkert, analista del banco alemán LBBW. Ecoanalítica, por su parte, dice: "El Gobierno, acorralado, con fuerte presión nacional e internacional y con una ruptura del hilo constitucional del país, tiene mayores incentivos para no pagar sus obligaciones”. Por eso, "pensamos que el riesgo de una cesación de pagos de la deuda se ha incrementado sensiblemente”, agrega.
La situación para Maduro es dramática: los costos políticos del servicio de deuda podrían ser a corto plazo tan altos, que el Gobierno pueda verse tentado de cesar los pagos, lo cual, sin embargo, supondría probablemente también el fin inmediato del régimen.
