El Gobierno incrementó las tasas o alícuotas de algunos impuestos y eliminó exenciones, en la búsqueda de mayores recursos ante la caída de ingresos petroleros.

El gobierno ejecutó finalmente una reforma tributaria a través de la Ley Habilitante, que pretende incrementar los ingresos al Fisco en medio de un escenario de menores recursos producto de la caída de los precios del petróleo .

El presidente Maduro promulgó el pasado martes 16 leyes en el área económica, la mayoría de ellas, unas nueve, relacionadas al tema tributario. Además de otras reformas a la Ley de Precios Justos y la creación de la Ley Antimonopolio.

Entre las modificaciones resaltan los incrementos de las alícuotas en algunos rubros del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el aumento de multas y sanciones, así como la eliminación de algunas exenciones, especialmente a las cooperativas, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.

El Ejecutivo señaló que por la eliminación del ajuste por inflación en los balances de las instituciones financieras se recaudará alrededor de 0,31% del Producto Interno Bruto (PIB), por la reforma del Código Tributario entre Bs. 70.000 millones y Bs. 80.000 millones y 0,17% del PIB por el alza de la alícuota a los licores.

Analistas destacan que esta reforma tributaria es consecuencia de la caída de los ingresos petroleros. Otros señalan que la recaudación por estos conceptos no será significativa, mientras exista una caída de la actividad económica.

Las promulgadas

Entre las normas reformadas y creadas por el Ejecutivo dentro de los poderes especiales otorgados por la Asamblea Nacional resaltan la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Islr).

De acuerdo a lo señalado por el superintendente del Seniat, José David Cabello, se elimina los ajustes por inflación que existían en los balances financieros del sector bancario. Es decir, al suprimirse el efecto inflacionario, los bancos, seguros y reaseguros cancelarán más impuestos ya que los mismos se calcularán en base a las utilidades de forma nominal.

Igualmente se eliminan las exenciones a cooperativas, fundaciones y asociaciones, las cuales estaban exentas de pagar impuestos al Fisco.

La reforma del IVA mantiene la alícuota del 12% a todos los consumos, pero eleva a 27% la tasa para consumos considerados de lujo y gastos suntuarios al colocarse una tasa extra de 15%. Entre los artículos considerados de lujo se destacan los yates, avión o vehículos cuyo valor exceda los US$30.000.

Una modificación del Código Orgánico Tributario apunta a incrementar en 200% las multas a los contribuyentes especiales que cometan infracciones. También permite la posibilidad de confiscar bienes a empresas en mora con el Seniat declaradas en quiebra . Cabello informó que la reforma del Código permitirá otorgar 71.000 millones de bolívares adicionales al Fisco.

Con la reforma de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco, se eliminará el plazo de 30 días a pagar por las empresas que comercializan estos insumos. También se pecharán impuestos a los derivados del tabaco al igual que la producción artesanal.

Cabello anunció un aumento de las alícuotas al consumo y venta de productos de alcohol, a través de la reforma de la Ley de Impuestos sobre el Alcohol y Especies Alcohólicas. La alícuota del vino aumenta del 15% al 35%, la del whisky pasa del 20% al 50%. “En todas partes del mundo está por encima del 60%”, dijo el jefe del Seniat.

Otro cambio es la eliminación del plazo que se otorgaba a los importadores de alcohol de 90 días para cancelar los impuestos.

Con la Ley Antimonopolio se busca regular a la actividad privada con este mecanismo. Con este cambio se crean los mecanismos para regular el dominio “que tanto daño hacen de quienes establecen control sobre sectores específicos de la economía y los utilizan para forzar a la sociedad para sus intereses particulares”, explicó Maduro.

El instrumento legal también contempla sanciones importantes para quienes produzcan “desajustes económicos y afecten al consumidor”, indicó la ministra de Comercio, Isabel Delgado.

Mientras que la reforma de la Ley de Precios Justos contempla la confiscación de todos los productos y bienes que se capturen en los operativos de contrabando, donde la República haya invertido los dólares a través de Cencoex y otros mecanismos de liquidación de divisas a tasa oficial.

Con la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura el cambio más importante es la simplificación de una serie de trámites burocráticos que debían hacer los pescadores para hacer su faena diaria.

Insuficiente

A juicio de Francisco Rodríguez, economista para América Latina de la banca de inversión Bank of American, la serie de reformas tributarias que impulsó el Ejecutivo busca compensar la caída que han experimentado los ingresos a raíz de la baja de los precios del petróleo .

“El país va a recibir al rededor de $20.000 millones menos por la disminución de los precios del petróleo , los cuales han pasado de un promedio de $90 a $70 el barril. Es lógico que el Gobierno esté buscando cómo obtener más recursos”, dijo en una entrevista en Globovisión.

El economista recalcó que esta reforma tributaria no eliminará las distorsiones macroeconómicas y que ahora existe una nueva realidad que se debe afrontar. “El país se tiene que ajustar con precios más bajos y adaptarse a la nueva realidad. Si se va atender el tema fiscal y no cambiario no se resolverán los problemas económicos”.

Rodríguez recomendó la necesidad de revisar los acuerdos petroleros, de manera de que el Fisco pueda obtener más ingresos. “Nuestros cálculos nos da que unos 12.000 millones de dólares se podrían obtener a través de la titularización de la deuda de Petrocaribe”.

Para el experto tributario, Leonardo Palacios, la reforma en esta materia no generará mayores recursos a la Tesorería si no se reactiva la economía en el país, que hoy en día pasa por un proceso de recesión.

Señaló que la recaudación relacionada a estos conceptos como el impuesto al lujo y el de los licores no representan un porcentaje significativo dentro del total.

Criticó la decisión del Gobierno de obligar a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro a pagar impuestos, ya que esto generará el cierre de muchas de ellas. “Esta medida colide con la norma constitucional en la que se establece que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para incentivar la divulgación de áreas a través de la labor de asociaciones civiles. Detrás de esta medida el Estado busca fomentar las instancias del poder comunal a medida que desaparezcan las fundaciones”.

Palacios destacó con relación a la eliminación del ajuste por inflación que este sistema nació en países con tasas de dos dígitos y que los bancos tienen una posición en activos monetarios que no pueden ser protegidos por la inflación . “En mi criterio esa decisión es inconstitucional ya que es un derecho adquirido por el contribuyente, tiene que ver con el derecho a la propiedad”.