Francisco Rivadeneira, indicó que en noviembre próximo se podrían retomar las negociaciones para un acuerdo con ese bloque.
-¿Cuál sería la afectación de la crisis para el país? Si yo fuera un europeo y estoy en crisis, necesito aumentar exportaciones y apertura de mercados, que salgan mis empresas a invertir y si es que requiero firmar un acuerdo lo hago; la lectura negativa sería un poco al estilo de lo que está pasando en EE.UU., como la situación que se está volviendo difícil, que ellos decidan concentrarse más en el tema interno y que dejen relegadas las negociaciones con los países que les falta.
-¿Hay una fecha para la reunión técnica en Bruselas (con la UE)? A principios de septiembre nos contactaremos de nuevo para ojalá mandar una delegación para que puedan responder directamente y no caigamos otra vez en consultas que alargan el proceso. La aspiración es satisfacer sus dudas y luego arrancar negociaciones en noviembre o enero.
-¿A pesar de las cartas enviadas las dudas persisten? ¿En qué temas? Quieren tener claridad si podrán participar en compras públicas, en qué consiste el mecanismo, si les va a afectar o no el hecho que nosotros queramos darle una cierta ponderación a las empresas nacionales, la respuesta es sencilla: las empresas europeas que quieran participar van a licitar en compras públicas de altos montos y el 90%, 95% las empresas nacionales participan en valores bajos.
-¿Qué otro tema?. Inversión extranjera directa, allí lo que quieren saber es si van a tener acceso a invertir en sectores estratégicos y bajo qué condiciones. Les preocupan cosas que se derivan de la Constitución como el hecho de que permite, por ejemplo, que el Gobierno pueda otorgar ciertos proyectos sin pasar por procesos de licitación a empresas del Estado, entonces, quieren más detalles al respecto.
-¿Y el tema de los tratados? El Gobierno no tiene la disposición de finiquitar –por el momento– los procesos de denuncia (de los Tratados Bilaterales de Inversiones) y explicarles que el Código de la Producción acepta la posibilidad de firmar contratos entre la empresa y el Estado, que admite tener un arbitraje en cualquier lugar del mundo.
