La enmienda constitucional limitaría el aumento del gasto público a la tasa de inflación de los últimos 12 meses por hasta 20 años. La propuesta fue aprobada con 359 votos a favor y 116 en contra, recibiendo siete votos menos que en la primera ronda.

Brasilia. El presidente de Brasil, Michel Temer, consiguió este martes una nueva victoria en su campaña por restaurar la disciplina fiscal en el país cuando la Cámara de Diputados del Congreso aprobó una enmienda a la Constitución para limitar el aumento del gasto durante 20 años.

Enormes desembolsos públicos, una recesión y un escándalo de corrupción que ha golpeado a la clase política de Brasil socavaron el año pasado la confianza en la mayor economía de Sudamérica y le costaron al país su codiciado grado de inversión entre las agencias de calificación de riesgo.

La enmienda constitucional limitaría el aumento del gasto público a la tasa de inflación de los últimos 12 meses por hasta 20 años. La propuesta fue aprobada con 359 votos a favor y 116 en contra, recibiendo siete votos menos que en la primera ronda. La Cámara baja aún debe votar seis cambios sugeridos al texto antes de que pueda enviarlo al Senado para su aprobación.

Si bien el Gobierno ganó fácilmente la votación -necesitaba 308 votos- el menor margen apunta a los desafíos que enfrenta Temer para aplicar una impopular agenda de austeridad.

El límite al gasto, que puede ser revisado después de 10 años, es una medida drástica para frenar un déficit de presupuesto que el año pasado creció a más de un 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Temer, quien reemplazó a la izquierdista Dilma Rousseff en agosto después de un juicio político por violar las leyes de presupuesto, prometió restaurar la credibilidad de las finanzas de Brasil y sacar al país de su peor recesión desde la década de 1930.

El nuevo presidente y muchos economistas sostienen que limitar el gasto del Gobierno es clave para que Brasil frene una creciente carga de deuda que este año podría superar el 73% del PIB.

Los opositores al límite, encabezados por el Partido de los Trabajadores, buscaron bloquear su aprobación, afirmando que reducirá las inversiones en educación, salud y servicios para quienes más lo necesitan y recortará el gasto necesario para revivir a una economía moribunda y rebajar una tasa de desempleo de dos dígitos.