Grecia, la fuente de la crisis de deuda del bloque de moneda común, canjeó sus bonos en manos privadas el fin de semana por nuevos documentos de vencimiento más largo con menos de la mitad del valor nominal.
Bruselas. Los ministros de Finanzas de la zona euro dieron su aprobación final a un segundo rescate para Grecia este lunes y dirigieron su fuego contra España, exigiendo que apunte a un objetivo de déficit más estricto este año con el fin de cumplir su meta para el 2013.
Grecia, la fuente de la crisis de deuda del bloque de moneda común, canjeó sus bonos en manos privadas el fin de semana por nuevos documentos de vencimiento más largo con menos de la mitad del valor nominal, una medida que reduciría sus deudas en más de 100.000 millones de euros.
El intercambio allanó el camino para que los ministros de la zona euro dieran el visto bueno a un paquete de 130.000 millones de euros que tiene como objetivo financiar a Atenas hasta el 2014. La decisión será formalizada este miércoles por funcionarios subalternos.
"Según lo acordado, el nuevo financiamiento oficial de 130.000 millones de euros será comprometido por el área del euro y el FMI para el período 2012-2014", dijo en una rueda de prensa Jean-Claude Juncker, que preside el Eurogrupo de ministros de Finanzas de la zona euro.
Gracias a una alta aceptación de la oferta de canje de bonos, la deuda de Grecia debería caer por debajo del objetivo de un 120% de su Producto Interno Bruto (PIB) para el 2020, alcanzando un 117% desde el 160% actual, indicó el funcionario.
En momentos en que los problemas financieros de Grecia han perdido cierto grado de urgencia, España plantea un nuevo desafío.
Después de anunciar que el Gobierno anterior incumplió su objetivo de déficit en el 2011 por amplio margen, la nueva administración anunció que no cumplirá la meta de este año tampoco.
España debía recortar su déficit al 4,4% de su PIB este año, pero dijo que sólo aspira a un 5,8% mientras se encamina a la recesión. El gobierno anunció también este mes que su déficit en el 2011 fue de un 8,5%, superando el 6% fijado inicialmente.
En un comunicado, el Eurogrupo dijo que España debe esforzarse por un objetivo de déficit del 5,3% este año, relajando un poco la meta inicial, pero manteniendo la presión.
"El Gobierno español expresó su disposición a considerar esto en el proceso presupuestario adicional", indicó el comunicado.
La zona euro está muy interesada en que España, una economía mucho mayor que hasta ahora ha evitado la necesidad de un rescate al estilo griego, reduzca su déficit para demostrar a los mercados financieros que su intención de poner en orden sus finanzas públicas es seria.
"Será la responsabilidad de las autoridades españolas elegir las iniciativas que tienen que ser tomadas con el fin de reducir el déficit presupuestario en el 2012, lo que es más importante es cuál será el objetivo para 2013", dijo Juncker.
"Lo que es menos importante, pero sigue contando, son las vías elegidas en el 2012", agregó.
Madrid prometió que reduciría su déficit al 3% del PIB el 2013, de acuerdo con el plazo final acordado, pero quiere que el punto de vista superior y la desaceleración del crecimiento económico sean tomados en cuenta al determinar la vía en el 2012.
"La posición de España es que dos cosas han cambiado. La primera: el año pasado (2011) hubo una desviación del 2,5% en el déficit público, y la segunda: que las circunstancias en términos de crecimiento económico han cambiado de forma significativa", afirmó el ministro español de Economía, Luis de Guindos.
"El compromiso de España con las normas fiscales es absoluto", añadió.
La Comisión Europea prevé una contracción de la economía española del 1% este año tras un crecimiento del 0,7% en el 2011.
Otros estados de la zona euro se han comprometido a cumplir las metas de déficit.
Durante el fin de semana, Bélgica dijo que mantendrá sus objetivos de déficit y presentó casi 2.000 millones de euros de ahorros adicionales para conseguirlo, lo que presiona a España para ceñirse al plan original.
Un Pacto de Estabilidad más riguroso, que entró en vigor en diciembre, contempla la imposición de multas para aquellos países que, como España, mantienen un déficit superior al techo de la Unión Europea (UE) del 3% del PIB y que incumplen sus objetivos de reducción.
