El aumento al salario mínimo anunciado este viernes generó de inmediato la reacción de la empresa privada hondureña. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a través de su asesor legal, alegó que el salario mínimo no se puede pagar con efecto retroactivo.
El gobierno de Honduras oficializará en los próximos días un porcentaje de incremento al salario mínimo que será pagado de manera retroactiva, informó este viernes el secretario privado de la Presidencia, Reynaldo Sánchez.
Esta decisión se ha aplazado desde enero de este año.
En medio de la controversia que ha representado la iniciativa del sector maquilador de proponer una única negociación del salario mínimo de los trabajadores no organizados para los próximos cinco años.
"Con instrucciones del señor presidente quiero hacer del conocimiento de toda la ciudadanía que efectivamente habrá aumento del salario mínimo este año, ya hay avances en cuanto al tema y en su momento se darán a conocer de forma oficial", aseguró el alto funcionario esta mañana.
Sánchez dijo que el aumento será retroactivo este año, por lo que le pidió al sector privado que vaya haciendo las previsiones necesarias.
También el presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, confirmó el aumento al salario mínimo y pidió a los empresarios que tengan "su guardadito" para hacerlo retroactivo.
El aumento al salario mínimo anunciado este viernes generó de inmediato la reacción de la empresa privada hondureña. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a través de su asesor legal, alegó que el salario mínimo no se puede pagar con efecto retroactivo.
Mientras que el viceministro de Finanzas Carlos Borjas explicó que la medida anunciada hoy por el gobierno pone en peligro el convenio que se firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por cada punto porcentual, dijo, el Estado erogará 500 millones de lempiras más, lo que incidirá en su presupuesto corriente.
Entre los compromisos adquiridos por el gobierno hondureño ante el FMI están mejorar la administración y recaudación tributaria; controlar el gasto corriente, incluyendo la masa salarial; focalizar el gasto social hacia los más pobres y mejorar la posición financiera de las principales empresas públicas y fondos de pensiones.
